12/04/2019
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25 AÑOS DEL GENOCIDIO DE RUANDA - 12 abril 2019
ANTECEDENTES
En 1959, tres años antes de la independencia de Bélgica, el grupo étnico mayoritario, los hutus, derrocó al rey gobernante tutsi. En los próximos años, miles de tutsis fueron asesinados, y unos 150,000 fueron expulsados al exilio en los países vecinos.
CONSIDERACIONES
Los hijos de los exiliados tutsis más tarde formaron un grupo rebelde, el Frente Patriótico Ruandés (en adelante, el FPR) y comenzaron una guerra civil en 1990. La guerra, junto con la crisis política y económica, exacerbó las tensiones étnicas, que culminaron el 6 abril de 1994 con el atentado terrorista contra el avión en el que viajaban los presidentes de Ruanda y Burundi, Juvénal Habyarimana y Cyprien Ntaryamira respectivamente.
Durante los 100 días que siguieron, entre los meses de abril y julio, tuvo lugar una ola de violencia en todo el país en el que se procedió a exterminar sistemática a la población tutsi y aquellos hutus moderados por parte del gobierno hegemónico hutu de Ruanda. En el genocidio participaron soldados, policías, Interahamwe (milicias extremistas hutus cuyo significado en kinyarwanda es “los que matan juntos”) y ciudadanos, resultando en la eliminación de aproximadamente el 75 % de los tutsis, así como de miles de ciudadanos hutus moderados, opositores del régimen del Habyarimana y cercanos al Frente Patriótico Ruandés (FPR), estimándose no menos de 800.000 personas asesinadas. El arma utilizada principalmente fue el “masu” (el machete local) y la violación. Casi cada una de las mujeres que sobrevivieron al genocidio fueron violadas. Muchos de los 5.000 niños nacidos fruto de esas violaciones fueron asesinados. Por lo tanto, el genocidio no fue sólo de carácter étnico sino también político.
El genocidio terminó más tarde ese mismo año cuando el FPR, un partido político dirigido por Paul Kagame y formado predominantemente por refugiados de etnia tutsi, que operaba en Uganda y en el norte de Ruanda, derrotó al ejército nacional y las milicias hutu, y estableció un gobierno de unidad nacional liderado por el FPR. Actualmente, es el partido que gobierna a Ruanda, en coalición con más partidos.
LA POSICIÓN INTERNACIONAL
La respuesta internacional llegó tarde, evitando conscientemente el uso de la palabra “genocidio” por parte de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU (que obligaba a la intervención internacional) sustituyéndola por “actos de genocidio” que no implicaba despliegue de fuerzas. Ello estuvo motivado, de un lado, por el temor a una repetición de los eventos en Somalia (batalla de Mogadisco de 1993), que moldeó la política de EE.UU. en los años posteriores, volviéndose reticente a participar en misiones de la ONU en las que los intereses de EE.UU. no se vieran afectados directamente. De otro lado, por el veto continuo de otros países como Francia y Bélgica cuyos controvertidos intereses económicos influyeron en su negativa a la intevención directa. El 16 de abril de 2014, coincidiendo con el 20 aniversario del genocidio de Ruanda, las Naciones Unidas reconocerían públicamente su tardía intervención emitiendo una disculpa internacional a las víctimas.
RESOLUCIÓN POST-CONFLICTO
El conflicto se juzgo a tres niveles; internacional; nacional y local.
Las Naciones Unidas crearon el Tribunal Penal Internacional para el Genocidio de Ruanda (ICTR), con base en Arusha, que condenó por genocidio, crímenes contra la humanidad y violación de la obligación de proteger a las víctimas en conflictos armados, a los inductores del exterminio tutsi. El caso Akayesu (Jean Paul Akayesu, antiguo alcalde de la ciudad ruandesa de Taba) constituye un hito mundial al ser considerada la primera condena internacional por Genocidio y la primera en reconocer la violencia sexual como actos constitutivos de genocidio.
Los ejecutores fueron juzgados a nivel nacional en los tribunales judiciales convencionales y en los tribunales comunitarios de justicia participativa llamados “Gacacas”. Los tribunales gacacas, se instauraron como un sistema de justicia transicional, para aliviar al sobrecarga del sistema judicial así como para recuperar elementos de la justicia tradicional (“gacaca” significa sobre la hierba, que era donde se juzgaba localmente en un tribunal popular). Aunque supervisados por el Gobierno, los gacaca contaban con limitadas garantías procesales y combinaban el derecho penal moderno con procedimientos comunitarios más informales y tradicionales.
Además, se implantó oficialmente el “Umuganda”, cuyo significado es “aunar esfuerzos en un sólo propósito para lograr un resultado” y que consiste en la prestación gratuita de servicios a la comunidad por parte de todos los ciudadanos, en su lucha diaria por la reconciliación nacional.
SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL
Tras el conflicto, aproximadamente 2 millones de refugiados hutu, temiendo la represalia tutsi, huyeron a las vecinas Burundi, Tanzania, Uganda y la República Democrática del Congo. Si bien muchos refugiados regresaron a Ruanda, varios miles permanecieron en la República Democrática del Congo y formaron una insurgencia extremista empeñada en retomar Ruanda, al igual que lo hizo el FPR en 1990.
Ruanda celebró sus primeras elecciones locales en 1999 y sus primeras elecciones presidenciales y legislativas posteriores al genocidio en 2003. En 2009 se organizó una operación militar conjunta con el ejército congoleño en la República Democrática del Congo para eliminar la insurgencia extremista hutu, y Kigali y Kinshasa restablecieron las relaciones diplomáticas. Ruanda también se unió a la Commonwealth a fines de 2009. El presidente Paul Kagame ganó las elecciones presidenciales en agosto de 2017 después de cambiar la constitución en 2016 para permitirle postularse para un tercer mandato.
ANTECEDENTES
En 1959, tres años antes de la independencia de Bélgica, el grupo étnico mayoritario, los hutus, derrocó al rey gobernante tutsi. En los próximos años, miles de tutsis fueron asesinados, y unos 150,000 fueron expulsados al exilio en los países vecinos.
CONSIDERACIONES
Los hijos de los exiliados tutsis más tarde formaron un grupo rebelde, el Frente Patriótico Ruandés (en adelante, el FPR) y comenzaron una guerra civil en 1990. La guerra, junto con la crisis política y económica, exacerbó las tensiones étnicas, que culminaron el 6 abril de 1994 con el atentado terrorista contra el avión en el que viajaban los presidentes de Ruanda y Burundi, Juvénal Habyarimana y Cyprien Ntaryamira respectivamente.
Durante los 100 días que siguieron, entre los meses de abril y julio, tuvo lugar una ola de violencia en todo el país en el que se procedió a exterminar sistemática a la población tutsi y aquellos hutus moderados por parte del gobierno hegemónico hutu de Ruanda. En el genocidio participaron soldados, policías, Interahamwe (milicias extremistas hutus cuyo significado en kinyarwanda es “los que matan juntos”) y ciudadanos, resultando en la eliminación de aproximadamente el 75 % de los tutsis, así como de miles de ciudadanos hutus moderados, opositores del régimen del Habyarimana y cercanos al Frente Patriótico Ruandés (FPR), estimándose no menos de 800.000 personas asesinadas. El arma utilizada principalmente fue el “masu” (el machete local) y la violación. Casi cada una de las mujeres que sobrevivieron al genocidio fueron violadas. Muchos de los 5.000 niños nacidos fruto de esas violaciones fueron asesinados. Por lo tanto, el genocidio no fue sólo de carácter étnico sino también político.
El genocidio terminó más tarde ese mismo año cuando el FPR, un partido político dirigido por Paul Kagame y formado predominantemente por refugiados de etnia tutsi, que operaba en Uganda y en el norte de Ruanda, derrotó al ejército nacional y las milicias hutu, y estableció un gobierno de unidad nacional liderado por el FPR. Actualmente, es el partido que gobierna a Ruanda, en coalición con más partidos.
LA POSICIÓN INTERNACIONAL
La respuesta internacional llegó tarde, evitando conscientemente el uso de la palabra “genocidio” por parte de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU (que obligaba a la intervención internacional) sustituyéndola por “actos de genocidio” que no implicaba despliegue de fuerzas. Ello estuvo motivado, de un lado, por el temor a una repetición de los eventos en Somalia (batalla de Mogadisco de 1993), que moldeó la política de EE.UU. en los años posteriores, volviéndose reticente a participar en misiones de la ONU en las que los intereses de EE.UU. no se vieran afectados directamente. De otro lado, por el veto continuo de otros países como Francia y Bélgica cuyos controvertidos intereses económicos influyeron en su negativa a la intevención directa. El 16 de abril de 2014, coincidiendo con el 20 aniversario del genocidio de Ruanda, las Naciones Unidas reconocerían públicamente su tardía intervención emitiendo una disculpa internacional a las víctimas.
RESOLUCIÓN POST-CONFLICTO
El conflicto se juzgo a tres niveles; internacional; nacional y local.
Las Naciones Unidas crearon el Tribunal Penal Internacional para el Genocidio de Ruanda (ICTR), con base en Arusha, que condenó por genocidio, crímenes contra la humanidad y violación de la obligación de proteger a las víctimas en conflictos armados, a los inductores del exterminio tutsi. El caso Akayesu (Jean Paul Akayesu, antiguo alcalde de la ciudad ruandesa de Taba) constituye un hito mundial al ser considerada la primera condena internacional por Genocidio y la primera en reconocer la violencia sexual como actos constitutivos de genocidio.
Los ejecutores fueron juzgados a nivel nacional en los tribunales judiciales convencionales y en los tribunales comunitarios de justicia participativa llamados “Gacacas”. Los tribunales gacacas, se instauraron como un sistema de justicia transicional, para aliviar al sobrecarga del sistema judicial así como para recuperar elementos de la justicia tradicional (“gacaca” significa sobre la hierba, que era donde se juzgaba localmente en un tribunal popular). Aunque supervisados por el Gobierno, los gacaca contaban con limitadas garantías procesales y combinaban el derecho penal moderno con procedimientos comunitarios más informales y tradicionales.
Además, se implantó oficialmente el “Umuganda”, cuyo significado es “aunar esfuerzos en un sólo propósito para lograr un resultado” y que consiste en la prestación gratuita de servicios a la comunidad por parte de todos los ciudadanos, en su lucha diaria por la reconciliación nacional.
SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL
Tras el conflicto, aproximadamente 2 millones de refugiados hutu, temiendo la represalia tutsi, huyeron a las vecinas Burundi, Tanzania, Uganda y la República Democrática del Congo. Si bien muchos refugiados regresaron a Ruanda, varios miles permanecieron en la República Democrática del Congo y formaron una insurgencia extremista empeñada en retomar Ruanda, al igual que lo hizo el FPR en 1990.
Ruanda celebró sus primeras elecciones locales en 1999 y sus primeras elecciones presidenciales y legislativas posteriores al genocidio en 2003. En 2009 se organizó una operación militar conjunta con el ejército congoleño en la República Democrática del Congo para eliminar la insurgencia extremista hutu, y Kigali y Kinshasa restablecieron las relaciones diplomáticas. Ruanda también se unió a la Commonwealth a fines de 2009. El presidente Paul Kagame ganó las elecciones presidenciales en agosto de 2017 después de cambiar la constitución en 2016 para permitirle postularse para un tercer mandato.