05/01/2022
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Sudán: Involución del proceso de transición hacia la democracia
05 de enero 2022
El pasado 3 de enero, Abdalla Hamdok anunció su renuncia como primer ministro de Sudán y advirtió de que el país se enfrenta a una crisis global —política, económica y social— debido a la parálisis del proceso de transición, dirigido por las autoridades militares. Además, ha subrayado que el pueblo sudanés es la máxima autoridad soberana, que sigue reclamando en las calles de las principales ciudades la reinstauración de un Gobierno formado íntegramente por civiles. Hasta la fecha, se han producido más de 50 muertes por la fuerte y violenta represión de las fuerzas de seguridad y defensa, que intentan paralizar las protestas populares que se han mantenido desde el golpe de Estado del pasado 25 de octubre.
Hamdok, como primer ministro de Sudán, había liderado el Consejo Soberano civil-militar que regía el país tras al derrocamiento del ex dictador Omar al-Bashir en abril 2019, gracias a una revuelta popular pacífica que acabó con su régimen autoritario que gobernó el país durante tres décadas. Desde la instauración del proceso transitorio, se han sucedido varias intentonas de acabar con el nuevo gobierno, como el fracasado intento de golpe de Estado militar —atribuido a las fuerzas leales a al-Bashir— en septiembre de 2021. Sin embargo, apenas un mes después, el ejército de Sudán —encabezado por el general Abdel Fattah al-Burhan— disolvió el gobierno de transición y declaró el estado de emergencia, al tiempo que arrestó al primer ministro Abdalla Hamdok y a otras autoridades y funcionarios del gobierno. Además, y frente a las críticas de toda la comunidad internacional, al-Burhan asumió el poder al frente de un nuevo Consejo Soberano hasta la celebración de unas elecciones generales en 2023.
Gracias a la presión internacional, el 21 de noviembre Hamdok fue restituido como primer ministro por un acuerdo entre las autoridades civiles y militares, con el mandato de crear un gobierno de tecnócratas hasta las elecciones de 2023. A pesar de las críticas de los movimientos sociales, que mantuvieron su rechazo al acuerdo y al nuevo gobierno militar en las calles de la capital Jartum y en otras ciudades como Omdurmán, Port Sudan o Nyala (Darfur); Hamdok ha intentado establecer un diálogo permanente con las autoridades militares para establecer una nueva hoja de ruta y «proteger a nuestra nación de caer en un nuevo aislamiento internacional», pero el estancamiento político y las protestas sociales generalizadas a favor de la democracia y de la reinstauración de un gobierno civil le han llevado a presentar su renuncia irrevocable. Con esta dimisión, el proceso de transición vuelve a entrar en una preocupante parálisis, mientras las asociaciones populares mantienen sus convocatorias de protestas para exigir la retirada de los militares del poder estatal.
Reacción internacional
Desde el golpe de Estado de octubre, la comunidad internacional —entre otros, Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea y Estados Unidos— ha exigido a las autoridades militares de Sudán la reinstauración de un gobierno civil, además de que las fuerzas de seguridad frenasen las represalias contra las protestas populares. Así, el pasado 1 de enero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, instó en un comunicado oficial a las fuerzas de seguridad a cesar inmediatamente el uso de la fuerza letal contra los manifestantes y refirió que «no queremos volver al pasado, y estamos preparados para responder a aquellos que buscan bloquear las aspiraciones del pueblo sudanés de un gobierno democrático liderado por civiles».
Tras la renuncia del primer ministro Hamdok, el secretario general de Naciones Unidas ha vuelto a condenar «la continua violencia contra los manifestantes y exhorta a las fuerzas de seguridad sudanesas a que ejerzan la máxima moderación y cumplan sus obligaciones en relación con los derechos a la libertad de reunión y expresión»; al tiempo que alienta a todas las partes a mantener un diálogo político que conduzca a un régimen democrática.
Por su parte, la Unión Europea y la reconocida Troika (Estados Unidos, Noruega y Reino Unido) han emitido un comunicado conjunto para subrayar la necesidad urgente de que todos los líderes sudaneses vuelvan a comprometerse con la transición democrática del país y cumplan con las demandas del pueblo sudanés de libertad, paz y justicia. Además, manifiestan que «no apoyarán a un Primer Ministro o gobierno nombrado sin la participación de una amplia gama de partes interesadas civiles» que, junto con un parlamento de transición, gocen de credibilidad ante el pueblo sudanés para llevar al país a elecciones libres y justas. Por último, vuelven a exigir a las autoridades militares «que protejan el derecho del pueblo sudanés a reunirse pacíficamente y expresar sus demandas (…), y se abstengan de seguir ejerciendo la violencia contra manifestantes pacíficos y civiles en todo el país, especialmente en Darfur».
05 de enero 2022
El pasado 3 de enero, Abdalla Hamdok anunció su renuncia como primer ministro de Sudán y advirtió de que el país se enfrenta a una crisis global —política, económica y social— debido a la parálisis del proceso de transición, dirigido por las autoridades militares. Además, ha subrayado que el pueblo sudanés es la máxima autoridad soberana, que sigue reclamando en las calles de las principales ciudades la reinstauración de un Gobierno formado íntegramente por civiles. Hasta la fecha, se han producido más de 50 muertes por la fuerte y violenta represión de las fuerzas de seguridad y defensa, que intentan paralizar las protestas populares que se han mantenido desde el golpe de Estado del pasado 25 de octubre.
Hamdok, como primer ministro de Sudán, había liderado el Consejo Soberano civil-militar que regía el país tras al derrocamiento del ex dictador Omar al-Bashir en abril 2019, gracias a una revuelta popular pacífica que acabó con su régimen autoritario que gobernó el país durante tres décadas. Desde la instauración del proceso transitorio, se han sucedido varias intentonas de acabar con el nuevo gobierno, como el fracasado intento de golpe de Estado militar —atribuido a las fuerzas leales a al-Bashir— en septiembre de 2021. Sin embargo, apenas un mes después, el ejército de Sudán —encabezado por el general Abdel Fattah al-Burhan— disolvió el gobierno de transición y declaró el estado de emergencia, al tiempo que arrestó al primer ministro Abdalla Hamdok y a otras autoridades y funcionarios del gobierno. Además, y frente a las críticas de toda la comunidad internacional, al-Burhan asumió el poder al frente de un nuevo Consejo Soberano hasta la celebración de unas elecciones generales en 2023.
Gracias a la presión internacional, el 21 de noviembre Hamdok fue restituido como primer ministro por un acuerdo entre las autoridades civiles y militares, con el mandato de crear un gobierno de tecnócratas hasta las elecciones de 2023. A pesar de las críticas de los movimientos sociales, que mantuvieron su rechazo al acuerdo y al nuevo gobierno militar en las calles de la capital Jartum y en otras ciudades como Omdurmán, Port Sudan o Nyala (Darfur); Hamdok ha intentado establecer un diálogo permanente con las autoridades militares para establecer una nueva hoja de ruta y «proteger a nuestra nación de caer en un nuevo aislamiento internacional», pero el estancamiento político y las protestas sociales generalizadas a favor de la democracia y de la reinstauración de un gobierno civil le han llevado a presentar su renuncia irrevocable. Con esta dimisión, el proceso de transición vuelve a entrar en una preocupante parálisis, mientras las asociaciones populares mantienen sus convocatorias de protestas para exigir la retirada de los militares del poder estatal.
Reacción internacional
Desde el golpe de Estado de octubre, la comunidad internacional —entre otros, Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea y Estados Unidos— ha exigido a las autoridades militares de Sudán la reinstauración de un gobierno civil, además de que las fuerzas de seguridad frenasen las represalias contra las protestas populares. Así, el pasado 1 de enero, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, instó en un comunicado oficial a las fuerzas de seguridad a cesar inmediatamente el uso de la fuerza letal contra los manifestantes y refirió que «no queremos volver al pasado, y estamos preparados para responder a aquellos que buscan bloquear las aspiraciones del pueblo sudanés de un gobierno democrático liderado por civiles».
Tras la renuncia del primer ministro Hamdok, el secretario general de Naciones Unidas ha vuelto a condenar «la continua violencia contra los manifestantes y exhorta a las fuerzas de seguridad sudanesas a que ejerzan la máxima moderación y cumplan sus obligaciones en relación con los derechos a la libertad de reunión y expresión»; al tiempo que alienta a todas las partes a mantener un diálogo político que conduzca a un régimen democrática.
Por su parte, la Unión Europea y la reconocida Troika (Estados Unidos, Noruega y Reino Unido) han emitido un comunicado conjunto para subrayar la necesidad urgente de que todos los líderes sudaneses vuelvan a comprometerse con la transición democrática del país y cumplan con las demandas del pueblo sudanés de libertad, paz y justicia. Además, manifiestan que «no apoyarán a un Primer Ministro o gobierno nombrado sin la participación de una amplia gama de partes interesadas civiles» que, junto con un parlamento de transición, gocen de credibilidad ante el pueblo sudanés para llevar al país a elecciones libres y justas. Por último, vuelven a exigir a las autoridades militares «que protejan el derecho del pueblo sudanés a reunirse pacíficamente y expresar sus demandas (…), y se abstengan de seguir ejerciendo la violencia contra manifestantes pacíficos y civiles en todo el país, especialmente en Darfur».