El espacio marítimo es considerado uno de los espacios comunes globales, espacios de conectividad de flujos, información, personas, servicios y bienes, cuya interrupción u obstaculización puede tener un impacto económico severo. 

Para España, país de condición marítima, es esencial mantener la seguridad en los espacios marítimos, así como asegurar el funcionamiento de las Infraestructuras Críticas situadas en el litoral y en el mar, como los puertos y tuberías submarinas y, especialmente, los cables submarinos, por los que circula la práctica totalidad del tráfico de datos. De su buen uso y estado depende, en gran medida, la economía, ya que los recursos energéticos y la mayor parte del comercio español transita por rutas marítimas. 

La piratería y el robo a mano armada en la mar atentan contra la navegación segura por las principales rutas de tráfico marítimo y contra la flota pesquera de pabellón nacional, principalmente en la cuenca somalí, el golfo de Adén y el golfo de Guinea. 

Además, los tráficos ilícitos, la explotación ilegal de los recursos marinos y los actos contra el patrimonio arqueológico subacuático son fenómenos perjudiciales para el sector marítimo.