El incremento de la competitividad y de la tensión en el escenario internacional ha supuesto un aumento de las injerencias desde el exterior que España debe confrontar. Entre las herramientas más eficaces de algunos países que aspiran a expandir su influencia internacional destacan las actividades de espionaje. 

La pertenencia de España a organizaciones como la Unión Europea y la OTAN, hacen del país un objetivo atractivo. Sin embargo, los objetivos de los Servicios de Inteligencia hostiles no se limitan a las instituciones y a la información del Gobierno de España, también afectan a otros sectores, como por ejemplo a la industria de defensa, las Infraestructuras Críticas o la investigación científica y tecnológica, así como a otros ámbitos del sector privado. Estas actividades no solo son críticas para la Seguridad Nacional, sino que pueden atentar contra la competitividad económica y la propiedad intelectual, especialmente en lo que respecta a los sectores estratégicos y al campo de la ciencia y la investigación. 

Asimismo, son destacables los esfuerzos de algunos actores extranjeros por influir sobre sus nacionales asentados en España, afectando a los derechos y libertades de los ciudadanos y, potencialmente, a la estabilidad social. 

En otras ocasiones, las actuaciones de los Servicios de Inteligencia extranjeros no tienen como objetivo intereses españoles o aliados, sino que utilizan el territorio español como base de sus operaciones en otros países, pudiendo atentar contra la soberanía nacional. 

Tanto las actividades de inteligencia clásicas como el ciberespionaje son una importante amenaza en sí mismos. Pero, además, hay que considerar que las actividades de los Servicios de Inteligencia hostiles pueden formar parte de las llamadas estrategias híbridas. Dentro de estas estrategias, las actividades de espionaje pueden llegar a ser un elemento destacable y potencian la amenaza que suponen para la Seguridad Nacional.