A través de su primer comunicado oficial tras ser depuesto, Bashar al Asad aseguró que su salida del país no fue planificada y respondió a una orden ordenada por Rusia por seguridad, sin que en ningún momento considerase la posibilidad de dimitir ni pedir asilo en otro país. Por otra parte, la Comisión Internacional de Investigación para Siria de la ONU subrayó la importancia de que los juicios por los crímenes del régimen destituido sean públicos, transparentes y respeten el derecho internacional; la necesidad de salvaguardar la información sobre los presos y evidencias sobre los crímenes de guerra y contra la humanidad; así como la obligación de proteger a los civiles, en particular a las comunidades más vulnerables. Respecto anunciado proceso de transición política, en las últimas horas, distintos miembros de la comunidad internacional han mostrado su apoyo en esta dirección. Líbano y Turquía confirmaron la reapertura de sus sedes diplomáticas en Damasco, mientras que la UE anunció su propósito de trabajar con Jordania para lograr una transformación política que culmine con la formación de un Gobierno sirio creíble y legítimo. Además, encargó a su principal representante diplomático en el país una reunión con las nuevas autoridades y avanzó que en 2025 organizará la novena Conferencia Bruselas-Siria. Sin embargo, EE.UU., que confirmó que mantiene contactos directos con el grupo HTS, ha instado a sus nacionales a abandonar el país debido a la persistente inestabilidad en la región y ante la imposibilidad de proporcionarles servicios consulares, ya que su embajada permanece cerrada desde 2012. En el ámbito humanitario, Reino Unido anunció el envío de un paquete de ayuda por valor de unos 60 millones de euros para proporcionar atención inmediata a la población siria más vulnerable, tanto dentro del país como para los refugiados en Jordania y Líbano. Fuente: Gobiernos EE.UU.,  Siria, Reino Unido  y Turquía; Unión Europea; ONU