18/05/2023
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Naciones Unidas denuncia las campañas militares del ejército maliense, junto con personal militar extranjero, en Moura (Mali, marzo de 2022)
18 mayo de 2023
El pasado 12 de mayo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas publicó un informe con los resultados de la misión de investigación realizada por la División de Derechos Humanos de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA), que recoge los acontecimientos ocurridos en la localidad de Moura (región central de Mali) del 27 al 31 de marzo de 2022.
Durante esos días, centenares de civiles murieron durante en una operación militar aérea y terrestre de las Fuerzas Armadas malienses y personal militar extranjero. De ellos, según la Oficina del Alto Comisionado, al menos 500 fueron asesinadas, la gran mayoría ejecutadas de forma sumaria. Respecto a los detalles de la operación militar en Moura, el informe subraya que muchos testigos reconocieron la presencia de «hombres blancos armados» que hablaban un idioma desconocido, operaban junto a las Fuerzas Armadas malienses y a veces parecían supervisar las operaciones. Con todo, el informe concluye que esta operación supuso una constatada violación de las normas del derecho internacional humanitario, así como las normas y estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
En este contexto de denuncia, la ONU recuerda que la MINUSMA, de acuerdo con la Resolución 2640 (2022), tiene entre sus tareas prioritarias «vigilar y documentar las violaciones del derecho internacional humanitario y las violaciones y abusos de los derechos humanos, incluidas todas las formas de violencia sexual y de género, la trata de personas y las violaciones y los abusos cometidos contra las mujeres y los niños en todo Mali, realizar misiones de determinación de los hechos, ayudar a investigar tales violaciones y abusos y notificarlos pública y trimestralmente al Consejo de Seguridad, y contribuir a las iniciativas de prevención, incluso mediante el enlace con los asociados pertinentes, según proceda».
Por otro lado, Naciones Unidas también aclara que este informe, ahora hecho público, se compartió un mes antes con las autoridades malienses y rusas para que emitieran sus observaciones, pero que no se recibió ningún comentario antes de su publicación.
Además, este informe reconoce que «desde los dos últimos golpes de Estado sucesivos, el 18 de agosto de 2020 y el 24 de mayo de 2021, los conflictos armados en Mali han adquirido una nueva dimensión con el despliegue, desde octubre de 2021, de nuevos actores militares, concretamente militares extranjeros. Según las autoridades de transición malienses, estos nuevos actores son "instructores" llegados a Mali en el marco de un acuerdo bilateral entre Mali y la Federación Rusa. Sin embargo, según varios medios de comunicación, el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa ha indicado que Mali ha recurrido a una empresa militar privada rusa y que la empresa paramilitar privada rusa Wagner está presente en Mali con fines comerciales».
Tras la publicación de este informe, tanto la UE como EEUU han solicitado a las autoridades de transición malienses que esclarezcan estos hechos mediante una investigación judicial independiente, imparcial, eficaz, exhaustiva y transparente.
Asimismo, el alto representante de la UE Josep Borrell ha reconocido la necesidad de las operaciones militares malienses para contener la amenaza terrorista, pero que «la violencia perpetrada por las fuerzas del Estado y elementos del grupo Wagner contra la población civil, como se documenta en el informe, es injustificable». Es más — ha añadido— este tipo de operaciones contribuyen a la desestabilización de Mali y, al tiempo, agravan las consecuencias para los países vecinos. Por su parte, EEUU ha condenado los hechos, mientras que declara a Wagner como una organización criminal transnacional y fuerza desestabilizadora.
Por su parte, las autoridades malienses han denunciado que el informe está «sesgado y se basa en una narración ficticia», que tacha de maniobra de desinformación; y, además, reprocha su publicación más de un año después de los acontecimientos, «probablemente para perturbar la tranquilidad de los malienses en vísperas de un referéndum crucial» para el futuro del país. Asimismo, asegura que, tras los acontecimientos ocurridos en Moura, se abrió una investigación judicial (todavía en curso) y que, como resultado, se ha confirmado que ningún civil murió durante la operación militar. Y como reacción ante la presión internacional, la junta militar ha anunciado que abrirá una investigación judicial contra la misión de investigación de la MINUSMA por espionaje, por intentar socavar la seguridad exterior del Estado y por complot militar.
18 mayo de 2023
El pasado 12 de mayo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas publicó un informe con los resultados de la misión de investigación realizada por la División de Derechos Humanos de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA), que recoge los acontecimientos ocurridos en la localidad de Moura (región central de Mali) del 27 al 31 de marzo de 2022.
Durante esos días, centenares de civiles murieron durante en una operación militar aérea y terrestre de las Fuerzas Armadas malienses y personal militar extranjero. De ellos, según la Oficina del Alto Comisionado, al menos 500 fueron asesinadas, la gran mayoría ejecutadas de forma sumaria. Respecto a los detalles de la operación militar en Moura, el informe subraya que muchos testigos reconocieron la presencia de «hombres blancos armados» que hablaban un idioma desconocido, operaban junto a las Fuerzas Armadas malienses y a veces parecían supervisar las operaciones. Con todo, el informe concluye que esta operación supuso una constatada violación de las normas del derecho internacional humanitario, así como las normas y estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
En este contexto de denuncia, la ONU recuerda que la MINUSMA, de acuerdo con la Resolución 2640 (2022), tiene entre sus tareas prioritarias «vigilar y documentar las violaciones del derecho internacional humanitario y las violaciones y abusos de los derechos humanos, incluidas todas las formas de violencia sexual y de género, la trata de personas y las violaciones y los abusos cometidos contra las mujeres y los niños en todo Mali, realizar misiones de determinación de los hechos, ayudar a investigar tales violaciones y abusos y notificarlos pública y trimestralmente al Consejo de Seguridad, y contribuir a las iniciativas de prevención, incluso mediante el enlace con los asociados pertinentes, según proceda».
Por otro lado, Naciones Unidas también aclara que este informe, ahora hecho público, se compartió un mes antes con las autoridades malienses y rusas para que emitieran sus observaciones, pero que no se recibió ningún comentario antes de su publicación.
Además, este informe reconoce que «desde los dos últimos golpes de Estado sucesivos, el 18 de agosto de 2020 y el 24 de mayo de 2021, los conflictos armados en Mali han adquirido una nueva dimensión con el despliegue, desde octubre de 2021, de nuevos actores militares, concretamente militares extranjeros. Según las autoridades de transición malienses, estos nuevos actores son "instructores" llegados a Mali en el marco de un acuerdo bilateral entre Mali y la Federación Rusa. Sin embargo, según varios medios de comunicación, el ministro de Asuntos Exteriores de la Federación Rusa ha indicado que Mali ha recurrido a una empresa militar privada rusa y que la empresa paramilitar privada rusa Wagner está presente en Mali con fines comerciales».
Tras la publicación de este informe, tanto la UE como EEUU han solicitado a las autoridades de transición malienses que esclarezcan estos hechos mediante una investigación judicial independiente, imparcial, eficaz, exhaustiva y transparente.
Asimismo, el alto representante de la UE Josep Borrell ha reconocido la necesidad de las operaciones militares malienses para contener la amenaza terrorista, pero que «la violencia perpetrada por las fuerzas del Estado y elementos del grupo Wagner contra la población civil, como se documenta en el informe, es injustificable». Es más — ha añadido— este tipo de operaciones contribuyen a la desestabilización de Mali y, al tiempo, agravan las consecuencias para los países vecinos. Por su parte, EEUU ha condenado los hechos, mientras que declara a Wagner como una organización criminal transnacional y fuerza desestabilizadora.
Por su parte, las autoridades malienses han denunciado que el informe está «sesgado y se basa en una narración ficticia», que tacha de maniobra de desinformación; y, además, reprocha su publicación más de un año después de los acontecimientos, «probablemente para perturbar la tranquilidad de los malienses en vísperas de un referéndum crucial» para el futuro del país. Asimismo, asegura que, tras los acontecimientos ocurridos en Moura, se abrió una investigación judicial (todavía en curso) y que, como resultado, se ha confirmado que ningún civil murió durante la operación militar. Y como reacción ante la presión internacional, la junta militar ha anunciado que abrirá una investigación judicial contra la misión de investigación de la MINUSMA por espionaje, por intentar socavar la seguridad exterior del Estado y por complot militar.