Burkina Faso: Puesta en marcha de la transición
09 de marzo 2022
A finales de enero, Burkina Faso sufrió un golpe de Estado. El 24 de enero, un grupo de militares —al mando del teniente coronel Paul Henri Sandaogo Damiba— anunció que el Movimiento Patriótico de Salvaguardia y Restauración (MPSR) asumía el poder político y el devenir del país saheliano.
Quince días más tarde, el 10 de febrero, el Tribunal Constitucional de Burkina Faso nombró presidente del país a Damiba, y se pusieron en marcha los mecanismos para dotar a la transición de un documento fundacional y de un gobierno. El pasado 1 de marzo, se aprobó definitivamente la Carta de la Transición, que había sido sometida a consulta nacional el día anterior. Todo ello permitió la investidura oficial de Damiba como presidente del país el 2 de marzo.
Esta Carta de Transición reconoce, como órganos de la transición política, al presidente, al Consejo de Orientación y Seguimiento —encargado de fijar las orientaciones de la política del Estado—; a un gobierno compuesto por 25 ministros —entre ellos, un primer ministro civil—; y a una Asamblea Legislativa de 71 miembros. Además, la carta estipula un periodo de transición de tres años.
Según recoge la propia Carta, los principales objetivos son la lucha contra el terrorismo y la salvaguarda de la seguridad e integridad del territorio nacional; así como la contribución a una respuesta eficaz y urgente a las crisis humanitarias, socioeconómicas y comunitarias provocadas por esta inseguridad.
En un breve espacio de tiempo, el presidente Damiba nombró primer ministro a Albert Ouedraogo y, dos días después, a los demás miembros del gobierno. El primer ministro Ouedraogo —economista que cuenta con una sólida experiencia en la gestión de administraciones públicas, proyectos de desarrollo y empresas privadas— no tiene experiencia política previa.
Entre los miembros del nuevo gobierno, el ministro de Defensa, el general Barthélémy Simporé, es el único que mantiene el mismo puesto que ocupaba en el gabinete del ex presidente Roch Marc Kaboré. Esta designación ha provocado mucha controversia ya que el anunciado motivo de la asonada militar era frenar la grave crisis de violencia e inseguridad que enfrentaba el país. De los 25 ministros, tres de ellos son militares —Defensa, Administración Territorial, Descentralización y Seguridad, e Infraestructuras— y seis son mujeres; entre ellas, la ministra de Asuntos Exteriores.
En cuanto a la situación del ex presidente Kaboré, el 3 de marzo seguía detenido, según la Comunidad Económica de África Occidental (CEDEAO), que exige su inmediata liberación.
Reacciones internacionales
La representante especial de la UE para el Sahel, Emanuela del Re, se reunió la semana pasada con el presidente Damiba: la primera visita de un socio internacional tras su investidura. Durante esta reunión, del Re le ha recordado la necesidad de una vuelta al orden constitucional, pero ha asegurado el apoyo de la UE a la población burkinesa en su lucha contra el terrorismo, así como en temas de ayuda al desarrollo y humanitaria.
Tras la adopción de la Carta de la Transición, la CEDEAO ha anulado una visita prevista a Burkina Faso del presidente de la organización junto con el presidente de Níger, y ha anunciado la próxima visita de una delegación ministerial. En la actualidad, tanto la CEDEAO como la Unión Africana mantienen la suspensión al país tras el golpe de Estado.
Situación de seguridad en el país
Según el Índice Global de Terrorismo 2022, que mide el impacto del terrorismo, Burkina Faso es el cuarto país del mundo más castigado por esta amenaza, detrás de Afganistán, Iraq y Somalia. Por lo tanto, es el país del Sahel occidental que sufre los mayores embates de los yihadistas, por delante de países como Nigeria, Mali o Níger.
Por su parte, el Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo (OIET), refiere que en 2021 Burkina Faso ha sido el segundo país a nivel mundial en número de atentados y número de víctimas, solo por detrás de Afganistán. Además, dos de los diez atentados más letales de 2021 en todo el mundo tuvieron lugar en Burkina Faso; uno a manos del autoproclamado Estados Islámico en el Gran Sáhara (EIGS) en el que murieron unas 160 personas, y el otro perpetrado por la coalición JNIM (Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, afín a Al Qaeda), en el que murieron 80 personas. Además, el OIET también señala que la tendencia continúa en 2022, y que —al igual que en 2021— los yihadistas atacan al otro lado de la frontera, especialmente en Benín. Así, en una operación de las fuerzas de Barkhane en Burkina, el ejército francés anunció que había eliminado a 40 yihadistas involucrados en recientes atentados mortales en Benín.
Por último, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) denuncia que la inseguridad en Burkina Faso está provocando desplazamientos masivos tanto dentro como fuera del país. En 2021, la cifra de personas que huyeron de sus hogares por la violencia yihadista y comunitaria se incrementó en un 50% respecto al año anterior. Como consecuencia de la alarmante situación que sufre la gran parta del país, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) denuncia que la crisis humanitaria en Burkina Faso es más preocupante que nunca, y más de 3 millones de personas necesitan ayuda de forma urgente.
