Afganistán: Situación humanitaria y de seguridad
8 marzo de 2023
Tras la toma de poder de los talibanes en 2021, después de una larga insurgencia, la situación actual de los derechos humanos en el país es crítica, especialmente para las mujeres, que han quedado prácticamente apartadas de la esfera pública y social. Además, el endurecimiento progresivo del régimen talibán —con un talante cada vez más autoritario y dogmático—, los ataques terroristas, la crisis económica y un estado general de inestabilidad están amenazando la seguridad de todo el país y del pueblo afgano.
Situación humanitaria: opresión contra las mujeres y las minorías
De acuerdo con el último informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, la violación sistemática de los derechos humanos —especialmente de las mujeres y las niñas— se ha agudizado aún más; y las libertades públicas fundamentales —como la reunión y asociación pacífica—, la libertad de expresión, así como el derecho a la vida y la protección contra los malos tratos, se reducen de forma progresiva.
En el ámbito interno, la Dirección General de Inteligencia y el Ministerio de Promoción de la Virtud y Prevención del Vicio se han convertido en las principales herramientas de represión social. Además, las autoridades han reinstaurado los castigos de hudud[1] y qisas[2], lo que indica un retorno a las políticas represivas de la década de 1990. Estas medidas represivas están destinada a cercenar las libertades de las comunidades y, en particular, de las mujeres, que están ya excluidas de la educación secundaria, universitaria, de los espacios públicos y del ámbito político. Igualmente, se les ha prohibido la mayoría de los trabajos remunerados, incluso su labor en organizaciones humanitarias —excepto en atención médica y educación—: todo ello con consecuencias devastadoras para el país.
Por otra parte, el informe de Naciones Unidas también denuncia los abusos cometidos contra las minorías Hazara, Shia, Sik y Sufí, así como el carácter excluyente del aparato del poder del régimen talibán, que tiene «muy poca tolerancia para la diferencia y ninguna para la disidencia». El liderazgo talibán —eminentemente pastún y con gran preeminencia del consejo religioso de Kandahar, con poder para anular las decisiones del gabinete en Kabul— está lejos de cualquier intención de instaurar un régimen inclusivo, donde tengan cabida representantes de todos los grupos políticos, religiosos y étnicos; y, sobre esa base política, favorecer la reconciliación social. Además, los talibanes han establecido unas normas represivas y de estricta censura contra los medios de comunicación y los críticos con el régimen, en ocasiones con métodos violentos.
Asimismo, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) denunció en su informe detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones sumarias de ex agentes de seguridad, incluido personal de seguridad del gobierno anterior o miembros, así como de simpatizantes del autodenominado Estado Islámico Provincia de Khorasan (ISKP).
Crisis económica y situación de seguridad
Por otro lado, la economía afgana, que dependía principalmente de la asistencia internacional para el desarrollo, se ha visto profundamente afectada por los cortes masivos de la asistencia económica de los donantes desde 2021, lo que ha generado una crisis financiera, cada vez más aguda, que amenaza con llevar al país al colapso.
Esta crisis se sustenta en varios factores externos; entre otros, el fin de la ayuda Occidental, las restricciones externas sobre el Banco Central de Afganistán (DAB) o la crisis de liquidez masiva. Pero también se debe a otras circunstancias, como la persistente sequía, así como el aumento del precio de los alimentos, el combustible o el descenso de los salarios. Con más del 97 % de la población por debajo del umbral de pobreza, muchos afganos —según distintos medios de comunicación— se ven forzados a medidas desesperadas como la venta de órganos o el casamiento de niñas por dote para, de esta forma, hacer frente a la falta de alimentos. Además, la violencia y las interrupciones del comercio transfronterizo impactan aún más en la precaria economía afgana. Asimismo, la violencia, la corrupción endémica y los conflictos armados han devastado gran parte de las infraestructuras esenciales del país.
En el ámbito de la seguridad, la disidencia del Frente de Resistencia Nacional (NRF) y de otros grupos de oposición al régimen talibán es débil y no cuenta con apoyo tribal. Por el contrario, el régimen talibán enfrenta grandes dificultades para contener la campaña de terror —con ataques contra escuelas y mezquitas— de ISKP, que pretende iniciar una guerra sectaria en Afganistán, dividir a los talibanes e impedir los recursos económicos externos.
Con todo, el régimen afronta distintos y amplios desafíos que hacen peligrar su estabilidad, incluso la viabilidad del país. El incremento de la represión, contra las mujeres, las minorías y los críticos políticos; el endurecimiento de las directrices de los talibanes más radicales de Kandahar; así como el aislamiento internacional y la falta de apoyo externo puede derivar en una situación aún más grave para todo el país. Un escenario que se agrava aún más por la incapacidad del régimen talibán de enfrentarse a la amenaza yihadista, de la que la población afgana es la principal víctima.
[1] Los castigos más severos punibles incluso con la muerte.
[2] Castigo de retribución en especie, que sigue el principio de «ojo por ojo».
