En la sede del Departamento de Seguridad Nacional, hoy —30 de abril de 2024— se ha reunido el Comité Especializado de Inmigración (CEI) bajo la presidencia del secretario de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. El CEI es el principal órgano de apoyo del Consejo de Seguridad Nacional en el ámbito de la inmigración.

Durante esta sesión —la primera de la actual legislatura— se han recordado los aspectos más reseñables de la gestión de la llegada a España —recepción, acogida y concesión de protección temporal— de personas afectadas por la invasión rusa de Ucrania, que se ha coordinado desde el Grupo de Trabajo de Recepción y Protección Temporal que fue establecido, el 3 de marzo de 2022, por el Comité de Situación. Al respecto, cabe destacar que, hasta la fecha, se ha concedido protección temporal a más de 206.000 desplazados procedentes de Ucrania —que sitúa a España como el cuarto país de la Unión Europea en número de concesiones—; más de 87.000 tienen ya expedida la Tarjeta Sanitaria Individual; y hay más de 23.000 ucranianos en alta laboral en España.

Además, se ha hecho un balance de los flujos migratorios irregulares acaecidos en España durante el año 2023 y, también, un repaso del seguimiento de las líneas de acción para la ordenación de los flujos migratorios incluidas en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021, actualmente en vigor.

Por último, se ha tratado el nuevo Pacto de Migración y Asilo, que fue acordado en el seno de la Unión Europea y que, previsiblemente, se aprobará definitivamente en los próximos meses; así como las medidas a adoptar para su implementación en nuestro país. Este nuevo pacto está compuesto por cinco reglamentos: (1) nuevo Reglamento de Gestión del Asilo y la Migración; (2) Reglamento de crisis y fuerza mayor; (3) Reglamento EURODAC (actualización de la base de datos de impresiones dactilares); (4) un nuevo Reglamento de Control, y (5) un nuevo Reglamento sobre procedimientos de asilo (un procedimiento de asilo común).

En esta reunión del CEI, han participado representantes de los ministerios de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, de Defensa, de Hacienda, del Interior, de Industria y Turismo, ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de Economía, ministerio de Comercio y Empresa, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Además, ha participado la directora del Departamento de Seguridad Nacional —vicepresidenta del CEI—y un representante del Centro Nacional de Inteligencia.

Comité Especializado de Inmigración

El Comité Especializado de Inmigración fue creado por Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional de 10 de julio de 2014 y modificado por Orden PRA/31/2018, de 22 de enero, por la que se publicó el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, por el que se regula el Comité Especializado de Inmigración.

Ejerce sus funciones como órgano de apoyo del Consejo de Seguridad Nacional en el ámbito de la ordenación de flujos migratorios y en el marco del Sistema de Seguridad Nacional, según lo previsto en la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional.

Entre sus principales funciones, el Comité propone al Consejo de Seguridad Nacional las directrices en materia de planificación y coordinación de la política de Seguridad Nacional relacionadas con la ordenación de flujos migratorios, y contribuye a la elaboración de propuestas normativas para el fortalecimiento del Sistema de Seguridad Nacional en su ámbito competencial. Además, apoya al Consejo de Seguridad Nacional en su función de verificar el grado de cumplimiento de la Estrategia de Seguridad Nacional.

Como señala la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, «junto a las muchas oportunidades, los movimientos migratorios seguirán generando retos —incluidos los de carácter securitario en sentido amplio— que hay que gestionar. España, por su posición geoestratégica, está especialmente expuesta al desafío que supone el esperado aumento de los flujos migratorios hacia Europa en los próximos años. En su condición de frontera exterior de la Unión Europea, España afronta la gestión de los flujos migratorios irregulares como un importante reto que requiere una política migratoria común, basada en el justo equilibrio entre solidaridad y responsabilidad compartida entre Estados».