Burkina Faso, el nuevo epicentro del yihadismo en el Sahel Occidental
25 de julio 2022
Hasta 2015, Burkina Faso transitaba libre de terrorismo de carácter yihadista. Bajo el largo mandato presidencial de Blaise Compaoré, que comenzó en 1987 y fue derrocado por una revolución social en octubre 2014; el país saheliano era considerado un "estado mediador" en la resolución de los conflictos regionales —en especial, en el de Mali en 2012—, mientras que el presidente Compaoré ejerció en numerosas ocasiones como intermediario directo entre los gobiernos occidentales y los yihadistas para negociar la liberación de rehenes. En clave interna, y mientras la amenaza se extendía por la región, Burkina Faso se mantuvo a salvo de la violencia terrorista gracias a presuntos pactos entre el Gobierno y los yihadistas. Sin embargo, desde abril de 2015, el territorio burkinés —más en concreto, la región septentrional— se convirtió en objetivo de ataques y atentados transfronterizos de los grupos yihadistas asentados en Mali.
El 29 de noviembre de 2015, cuando el presidente Kaboré asumió su cargo, la seguridad en el norte del país ya era una prioridad en su agenda política, pero los atentados yihadistas se expandieron aún más. La violencia terrorista pronto llegó a la capital Uagadugú: el 15 de enero de 2016, 30 personas fueron asesinadas en un ataque, y hasta un total de 176 rehenes fueron liberados del hotel Splendid Hotel en el centro de la ciudad. Esta masacre, reivindicada por Al Qaeda del Magreb Islámico, se convirtió en el primer atentado terrorista en la historia de Burkina Faso. Desde entonces, la seguridad se ha deteriorado de forma extrema, más aún con la eclosión del Estado Islámico del Gran Sáhara (EIGS), hasta convertir a este país en el más castigado por el yihadismo en 2021. Como señala el Anuario del Terrorismo Yihadista 2021, elaborado por el Observatorio Internacional de Estudios de Terrorismo, «por primera vez, Burkina faso es el país que más violencia ha sufrido de toda la región Saheliana, con casi un tercio (30,8%) de los 1.029 atentados que se han contabilizado a lo largo de todo el año».
El golpe militar contra el régimen democrático
A finales de 2021, el ataque yihadista al campamento de gendarmería de Inata —que se saldó con 53 personas asesinadas (49 gendarmes y 4 civiles)— precipitó el derrocamiento del presidente Roch Kaboré, en medio de un clamor popular que exigía más contundencia en la lucha contra los grupos yihadistas. El 24 de enero de 2022, el Movimiento Popular para la Salvaguardia y Restauración (MPSR) —liderado por el teniente coronel Paul Henri Sandaogo Damiba— derrocó por la fuerza al régimen democrático en Burkina Faso, un golpe militar rechazado por toda la comunidad internacional y que motivó la imposición de sanciones y la expulsión del país de la Comunidad Económica de África Occidental (CEDEAO).
Sin embargo, el cambio de régimen no ha mejorado la situación. Por el contrario, la actividad terrorista de los grupos yihadistas sigue aumentando, y sus atentados son cada vez más crueles: el pasado 12 de junio, decenas de milicianos atacaron la localidad de Seytenga en el norte del país, donde asesinaron a más de 100 civiles y, al menos, 11 militares. Además del incremento continuado de la violencia, según la CEDEAO, el Estado ha perdido el control sobre el 40% de su territorio de soberanía –especialmente en el norte del país limítrofe con Mali–, que está ahora dominado por filiales regionales de Al Qaeda y del autodenominado Estado Islámico. Con todo, y desde 2015, la sinrazón yihadista se ha cobrado más de 2.000 vidas y ha obligado a 1,9 millones de personas a huir de sus hogares.
Refuerzo de la lucha contra el yihadismo
Frente a la profunda crisis de seguridad que sufre el país, el teniente coronel Damiba –máxima autoridad del actual gobierno militar– se comprometió a reforzar el equipamiento y la operatividad del ejército nacional para así no tener que depender de fuerzas externas; al tiempo que anunció –el pasado abril– la creación de comités de diálogo entre líderes comunitarios y combatientes locales que han caído en el extremismo para la restauración de la paz, aunque el Estado descarta –por el momento– cualquier diálogo directo con los yihadistas. La última medida gubernamental ha sido crear dos zonas militares en el norte y este del país, donde los civiles deben desalojar sus hogares para evitar “exponerse a los efectos de las operaciones militares que allí se desarrollarán”, según señala el comunicado oficial.
Por último, y tras la retirada unilateral de Mali del G5 Sahel, queda por determinar cómo se va a articular la cooperación regional para luchar contra el yihadismo, y también si finalmente el actual dirigente de Burkina Faso mantendrá su renuencia a permitir que las fuerzas francesas de Barkhane operen dentro de sus fronteras. Mientras tanto, la población local seguirá sufriendo las agresiones de los grupos extremistas, que han convertido al Sahel Occidental en la zona del mundo donde más se expande la amenaza yihadista.
