«Mujer, Vida, Libertad»: Protestas Masivas en Irán
29 octubre de 2022
Irán se enfrenta a un escenario generalizado de contestación contra el régimen, con protestas y disturbios civiles en las principales ciudades del país. En ellas se libra una lucha abierta entre los manifestantes que piden justicia para Masha Amini —fallecida hace 40 días mientras estaba bajo arresto de la policía de la moral iraní— y las autoridades iraquíes, que buscan sofocar los disturbios y reprimir a los activistas con arrestos masivos y —en algunos casos— con munición real. Además, las autoridades han impuesto restricciones al acceso a internet para evitar que los manifestantes puedan movilizar más apoyos.
Por su parte, y de forma permanente, el secretario general de la ONU enfatiza su preocupación por los informes que confirman el aumento de muertes, incluidas mujeres y niños, relacionadas con las protestas; y ha exigido a las fuerzas de seguridad que dejen de usar «fuerza innecesaria o desproporcionada». En los mismos términos, la UE condenó —en una declaración del Consejo a finales de septiembre— la represión violenta de las protestas; y pide a Teherán que garantice el acceso a internet, así como el libre flujo de información. Asimismo, Alemania, Francia, Dinamarca, España, Italia y la República Checa presentaron un conjunto de propuestas de nuevas sanciones comunitarias contra Irán por la represión desmedida que ejerce contra su población, que fueron aprobadas en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE el pasado 17 de octubre.
Así, la UE decidió añadir a 11 personas y 4 entidades vinculadas con la muerte de Mahsa Amini y la posterior represión de las protestas a la lista de personas, entidades y organismos sancionados en relación con los derechos humanos en Irán. Entre los sancionados destaca la Policía de la moral y la Fuerza Disciplinaria iraní, así como varios de sus jefes junto con el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por su responsabilidad en el bloqueo de internet. Como reacción, el Gobierno de Irán ha impuesto sanciones contra personas y entidades europeas por «sus acciones deliberadas de apoyo al terrorismo» contra la nación iraní, así como de «propagación de la violencia y el odio» entre su población.
Contexto social
Desde mediados de septiembre, la muerte de la joven kurda Masha Amini, mientras estaba bajo custodia del Gasht-e-Ershad —la policía moral iraní—, ha originado una oleada de protestas sociales a lo largo del país que, lejos de disminuir, aumentan de forma permanente. Aunque la versión oficial afirmaba que la joven de 22 años —acusada de no ir correctamente tocada por el hiyab— sufrió un paro cardíaco, la población mantiene que su muerte fue provocada por el trato recibido durante su detención, lo que ha provocado una furia masiva en el país.
Bajo la consigna de «¡Mujer, vida, libertad!», el movimiento de protesta —protagonizado por las mujeres, pero también secundado por los hombres— se ha convertido esencialmente en una revuelta nacional contra el gobierno iraní y su aparato de seguridad, en la que la muerte de Amini representa para la sociedad la miríada de restricciones que ha sufrido durante décadas. Así, junto a la exigencia a las autoridades para que eliminen al Gasht-e-Ershad, las manifestaciones —masivas y muy extendidas con motivo de los 40 días del fallecimiento de la joven mujer kurda— también se centran en reclamar mejoras en los niveles de vida, en un país con una inflación galopante y un alto desempleo. Una situación determinada por las sanciones de EEUU, que seguirán en vigor —subraya Washington— mientras no se consiga la reactivación del acuerdo nuclear de 2015 (JCPoA). Por el momento, las negociaciones permanecen en suspenso, al tiempo que —según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) — Irán sigue enriqueciendo uranio.
Situación de seguridad
Desde entonces, las calles y las redes sociales se han inundado de mujeres sin velo. Muchas de ellas se cortan el pelo en señal de protesta contra el estricto código de vestimenta impuesto por el régimen. Asimismo, a principios de octubre se han unido a ellas las organizaciones laborales, incluidos los docentes y los estudiantes universitarios, que han iniciado una serie de huelgas para exigir justicia e igualdad de género, así como reformas sociales y económicas. Igualmente, los trabajadores del sector petrolero y petroquímico han comenzado paros laborales si las autoridades no ponen fin a la represión violenta del movimiento de protesta y abordan el deterioro del nivel de vida. Hasta el momento, las organizaciones de derechos humanos refieren que más de 150 personas han sido asesinados en las manifestaciones, y cientos más han resultado heridos; aunque el gobierno iraquí solo reconoce un número de fallecidos significativamente inferior. En cualquier caso, las muertes de jóvenes durante las protestas continúan alimentando la ira social.
Por otro lado, el Kurdistán iraquí ha iniciado huelgas generales periódicas con tiendas y negocios cerrados en 15 ciudades kurdas desde principios de octubre para protestar por el bombardeo de grupos disidentes en el Kurdistán iraquí desde el gobierno.
En este contexto, gran parte de la comunidad internacional ha mostrado una férrea solidaridad con los manifestantes de Irán, al tiempo que Teherán culpa de las protestas sociales a la existencia de grupos revolucionarios o a la injerencia extranjera. Estas revueltas representan un punto de inflexión de la sociedad civil ante las frustraciones políticas, económicas y sociales, que podrían tornarse de mayor entidad y virulencia si no se abordan los catalizadores y razones profundas del descontento público y el resentimiento social.
