En este día[1], se reafirma el compromiso mundial con la eliminación de las armas químicas, un compromiso que está tutelado por la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ)[2], de la que forman parte 193 Estados. La OPAQ es una organización internacional sustentada por un tratado, la Convención sobre las Armas Químicas (CAQ)[3], con responsabilidades en materia de desarme y no proliferación de armas químicas y dotada de los mecanismos necesarios para verificar el cumplimiento de la Convención. España ratificó formalmente la CAQ el 3 de agosto de 1994[4].  En 2013, en reconocimiento de sus intensos esfuerzos por eliminar las armas químicas, se otorgó a la OPAQ el Premio Nobel de la Paz.

En la actualidad, hay que poner en valor el éxito de los instrumentos que la CAQ ha puesto en marcha desde su constitución. Como resultado más importante, destacar que se ha eliminado más del 99% de las armas químicas declaradas: un largo proceso prácticamente finalizado con la reciente comunicación de la Casa Blanca, en la que anunciaba el desmantelamiento total de los arsenales químicos estadounidenses[5] (Corea del Norte no forma parte de la Convención).

Sin embargo, esta eliminación “oficial” de los arsenales no elimina el riesgo, tanto por los posibles incumplimientos, como por la amenaza del terrorismo químico, que se ha incrementado de forma progresiva como consecuencia de la globalización. Sólo en Estados Unidos, entre 1960 y 1999, se registraron 415 incidentes relacionados con agentes químicos, biológicos y radiactivos; de los cuales, 151 se consideraron terroristas, 160 criminales, y el resto fueron accidentales o motivados por otras causas.

Esta amenaza no es nueva, los conocimientos y usos de la química han crecido exponencialmente desde que el ser humano aprendió a transformar la materia o —de forma más reciente— desde el momento en que alcanza cierta madurez como ciencia. Desde el siglo XVIII, con los experimentos de Lavoisier, y hasta la actualidad, la química se ha expandido en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Como en muchos otros campos, los avances se han producido a caballo del peligro causado por la utilización de la química en conflictos bélicos o acciones terroristas, además de por el riesgo de accidentes en instalaciones o transportes.

En este devenir histórico, y aunque el uso de productos químicos en enfrentamientos bélicos procede de la antigüedad, la expresión más dura se evidenció durante la Primera Guerra Mundial. El primer ataque en gran escala tuvo lugar en Ypres (Bélgica), el 22 de abril de 1915. Al finalizar la contienda, se habían liberado 124.200 toneladas de cloro, gas mostaza y otros agentes químicos. Consecuencia de todo ello, más de 90.000 soldados murieron y cerca de un millón de personas sufrieron lesiones debilitantes.

El impacto, la gran conmoción social provocada por los efectos de las armas químicas en aquella contienda, dio lugar a iniciativas que estaban dirigidas a acordar su prohibición. Así, en 1925, se firmó “Protocolo de Ginebra”[6] —ratificado por España en 1929—, que es uno de los tratados pioneros en el campo del desarme o la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva.

Desde aquel año hasta el desmantelamiento de los arsenales oficialmente declarado en 2023, el camino ha sido largo. En este contexto, España sigue siendo un actor importante en el régimen internacional, que promueve la no proliferación de armas de destrucción masiva. En el contexto actual, España mantiene su preocupación tanto por los posibles incumplimientos de los acuerdos internacionales, como por las actuales muestras de cierta debilidad del multilateralismo que las ha promovido y sostenido; y, especialmente, por el riesgo que agentes químicos puedan ser utilizados por grupos terroristas, especialmente transnacionales.

La Seguridad Nacional, basado en el concepto integral de seguridad humana, siempre ha considerado que la proliferación de armas de destrucción masiva es una amenaza para la paz y la seguridad mundial y, por ende, para España. En este sentido, desde la primera Estrategia Nacional de Seguridad, redactada bajo el liderazgo de Javier Solana en 2011, y hasta la actual Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) 2021[7], la proliferación de estas armas está considerada entre los “retos globales” y como uno de los principales riesgos o amenazas a nuestro país. Por ello, la ESN21 —más en concreto, su línea de acción 27— señala que España se compromete a «Contribuir a la intensificación del apoyo al régimen internacional de no proliferación de armas de destrucción masiva y desarme, a través de la actualización de el régimen internacional de control, exportación y verificación».

En esa línea de proteger al Estado y su población frente a las amenazas, desafíos y realidades que enfrenta nuestra seguridad, el pasado 2 de marzo se publicó la Orden PCM/207/2023[8], que recoge el Acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional por el que se aprueba el procedimiento para la elaboración de la Estrategia Nacional contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Como señala el Acuerdo, esta estrategia «permitirá dar una respuesta proactiva y solidaria mediante un planteamiento estratégico sobre el que se establezcan los planes necesarios para facilitar el desarrollo de líneas concretas de acción que enfoquen de forma coordinada los riesgos de la proliferación nuclear, radiológica, química y biológica en los mencionados niveles políticos, internacional y nacional». Para la redacción de esa estrategia, se ha creado un grupo de trabajo interministerial que tendrá, obviamente, en cuenta los riesgos y amenazas químicas.
 
[1] https://www.un.org/es/observances/chemical-warfare-victims-day

[2] https://www.opcw.org/

[3] Se puede consultar en: https://www.opcw.org/sites/default/files/documents/CWC/CWC_es.pdf