Líbano: Crisis política y económica
02 de abril 2023
Vacío presidencial y bloqueo político
Líbano enfrenta una crisis gubernamental de larga data y, por el momento, sin visos de resolución. Desde hace cinco meses, está vacante la jefatura del Estado y el gabinete ejecutivo —de carácter interino— no tiene las facultades legales necesarias para afrontar con determinación los problemas, de toda índole, que atraviesa el país, y que afectan tanto a la esfera política como económica, pero fundamentalmente —o como repercusión directa— al ámbito social.
El pasado 31 de octubre, expiró el mandato del presidente, Michel Aoun, sin que haya un sucesor designado para liderar el país. En las últimas décadas, Líbano ha experimentado vacíos presidenciales hasta en tres ocasiones (1988-1989, 2007-2008 y 2014-2016), en gran medida como consecuencia directa de la complejidad de la política nacional en lo que se refiere a la elección del presidente. Líbano se compone de un mosaico de comunidades religiosas —ninguna de ellas es mayoritaria—; y el equilibrio confesional en la esfera política se ha basado, tradicionalmente, en un acuerdo de poder compartido entre las tres principales confesiones —sunita, chiita y cristiana maronita— establecido en el «Pacto Nacional» de 1943. Este Pacto fue revisado y ratificado en 1989, tras el final de la guerra civil (1972), y dio lugar al conocido como Acuerdo de Taif —por la ciudad donde se firmó— que estableció una fórmula de reparto del poder basada en cuotas que determina que las tres principales autoridades políticas del Líbano — presidente de la República, primer ministro y presidente del Parlamento— están reservadas a, respectivamente, un cristiano maronita, a un musulmán sunita y un musulmán chiita.
En la actualidad, el deterioro del compromiso político entre las élites, el colapso de las condiciones económicas y sociales y la rivalidad intrínseca del panorama político, dificultan la elección del nuevo presidente. Por todo ello, y tras más de diez sesiones del Parlamento libanés, las votaciones para elegir un presidente nacional han sido infructuosas, lo que ha generado una difícil situación de impasse político y un deterioro económico y social que se extiende por todo el país.
Además, sin la ratificación del presidente, el ejecutivo libanés mantiene su carácter interino desde las elecciones legislativas celebradas en mayo de 2022. Por otra parte, la división de pareceres entre los distintos actores políticos con respecto a los poderes de este gobierno interino durante el vacío presidencial, así como sobre la capacidad del Parlamento —si puede actuar como asamblea legislativa o solo como un órgano electoral en este período—, dificulta aún más la toma de decisiones.
Todo ello ha llevado al continuo y grave retraso de las necesarias reformas económicas en Líbano, lo que impide la articulación de medidas que permitan la construcción del país sobre un futuro estable y próspero. Ante esta situación, el Grupo de Apoyo Especial para Líbano —liderado por Naciones Unidas— ha denunciado, con profunda preocupación, que este statu quo político es insostenible, porque «paraliza al Estado en todos los niveles, socava profundamente su capacidad para abordar los urgentes desafíos socioeconómicos, financieros, de seguridad y humanitarios y erosiona la confianza de la gente en las instituciones estatales a medida que aumentan las dificultades».
En este contexto, y como parte de los esfuerzos internacionales para solventar el bloqueo político, Francia reunió en Paris a Estados Unidos, Arabia Saudí, Qatar y Egipto para debatir sobre posibles salidas que eviten una situación de colapso de consecuencias siempre impredecibles, también en el ámbito de la seguridad. Por el momento, este foro no ha logrado que se produzcan cambios en la realidad libanesa. Por su parte, Irán es también un actor clave debido a su constatado respaldo al grupo chiita libanés Hezbolá. En este contexto, el reciente acuerdo de normalización de las relaciones entre Arabia Saudí e Irán podría influir en la situación política de Líbano.
Crisis económica y social
Paralelamente a la situación política, la crisis económica avanza. Las sucesivas depreciaciones de la lira libanesa a mínimos históricos —con pérdidas de hasta el 15% de su valor en un día— dificulta, cada vez más, las condiciones de vida de la población. Según la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia Occidental, se estima que la pobreza multidimensional aumentó del 25 % en 2019 al 82 % en 2021, con el 74 % de la población con ingresos inferiores a los 14 dólares diarios.
Por otro lado, el 23 de marzo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió de la «peligrosa encrucijada» en la que se encuentra el país, ya que «sin reformas rápidas, se verá sumido en una crisis interminable». Así, advirtió de la gravedad de la situación, con «grave dislocación económica, una depreciación dramática de la lira libanesa y una inflación de tres dígitos que ha tenido un impacto asombroso en la vida y el sustento de las personas»; al tiempo que alertó del aumento exponencial del desempleo, la emigración y la pobreza junto a la interrupción de los servicios básicos (electricidad, salud, educación). Y todo ello —concluye el informe del FMI— en medio de la frágil capacidad de la administración pública, la falta de crédito de los bancos y la imposibilidad de acceder a los depósitos bancarios.
Con todo, y a falta de las necesarias reformas, la población libanesa y el gran número de refugiados que acoge el Líbano seguirá afrontando las consecuencias de esta prolongada crisis socioeconómica que sufre el país. En este contexto, las fuertes manifestaciones sociales cada vez son más frecuentes y aglutinan a más sectores sociales. Como trasfondo, la protesta contra la gestión gubernamental y el desinterés de las élites por resolver la crisis, implantar reformas estructurales y luchar contra una crisis que amenaza con convertir a Líbano en un estado fallido.
