Día Mundial del Agua - 22 de marzo 2022

Día Mundial del Agua
22 de marzo 2022

El “Día Mundial del Agua” es un evento anual que se celebra para mantener la atención global sobre la importancia del agua para la vida en el planeta y su supervivencia. Su conmemoración se acordó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), que fue uno de los hitos históricos más importantes en la lucha por proteger la integridad del sistema ambiental y el desarrollo mundial. En aquella Conferencia, se adoptó la resolución A/RES/47/193 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fijó el día 22 de marzo de cada año como “Día Mundial del Agua”.

En nuestros días, los peligrosos efectos del calentamiento global hacen que la lucha para minimizarlos sea elemento clave de las políticas nacionales, regionales y mundiales y con ello, un pilar trascendental del multilateralismo. En particular, el agua es un recurso fundamental para la vida que se encuentra amenazado, no solo por las consecuencias dañinas del cambio climático, sino también por el aumento de la población mundial, los movimientos demográficos, la ordenación del territorio o la creciente demanda de la agricultura y la industria.

Este 2022, el Día Mundial del Agua se centra en las aguas subterráneas. La Directiva Marco del Agua, Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Esta Directiva define el buen estado de las aguas subterráneas como «el estado alcanzado por una masa de agua subterránea cuando tanto su estado cuantitativo como su estado químico son, al menos, buenos». Además, y de gran importancia, concreta que los recursos disponibles de aguas subterráneas son «el valor medio interanual de la tasa de recarga total de la masa de agua subterránea, menos el flujo interanual medio requerido para conseguir los objetivos de calidad ecológica para el agua superficial asociada … para evitar cualquier disminución significativa en el estado ecológico de tales aguas, y cualquier daño significativo a los ecosistemas terrestres asociados». Por otro lado, la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, se dedica a la protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro.

En España, el artículo 1 de nuestra Ley de Aguas refiere que «las aguas continentales superficiales, así como las subterráneas renovables, integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal como dominio público hidráulico». Por ello, su aprovechamiento está sometido al control de los organismos de cuenca y, en ese contexto, cualquier vertido que pueda afectar a un acuífero sólo podrá autorizarse si el estudio hidrogeológico previo demostrase su inocuidad. Por otro lado, el artículo 99 del texto refundido de esta ley señala que «la protección de las aguas subterráneas frente a intrusiones de aguas salinas, de origen continental o marítimo, se realizará, entre otras acciones, mediante la limitación de la explotación de los acuíferos afectados y, en su caso, la redistribución espacial de las captaciones existentes».

A pesar de las prolijas normas nacionales e internacionales de protección, la situación todavía requiere especial atención. Según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2021 de la UNESCO, es probable que el cambio climático aumente la variabilidad estacional, y creará un suministro de agua más errático e incierto. Asimismo, indica que el 30% de los sistemas más importantes de aguas subterráneas se están agotando.

En la región Mediterránea, según el último informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) —denominado “Cambio Climático 2022. Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad”—, se prevé un descenso de la escorrentía entre un 12 y un 15 %, y con ella los caudales de los ríos, en la mayoría de los lugares debido a reducciones de la precipitación. Por otro lado, los niveles de agua en los lagos podrían disminuir hasta un 45 % en 2100, mientras que las aguas subterráneas se reducirán notablemente debido a la reducción de la recarga. En este contexto general, los efectos serán más importantes cuanto más al sur de la cuenca del Mediterráneo.

Por todo ello, la protección de las aguas subterráneas reviste el máximo interés para la seguridad de las sociedades, cuya existencia y desarrollo no sería posible sin estos recursos acuíferos. La mayoría de las zonas áridas del planeta dependen por completo de estas aguas subterráneas, pues suministran una gran proporción del agua que utilizamos para fines de consumo, saneamiento, producción de alimentos y procesos industriales. Asimismo, las aguas subterráneas son decisivas para el buen funcionamiento de los ecosistemas, como los humedales y los ríos.

Por otro lado, y de forma general, la sobreexplotación de los recursos del agua hace peligrar el bienestar humano y el medioambiente; y también compromete en ocasiones el acceso al agua, la salud humana, la producción de alimentos, el desarrollo económico y la estabilidad geopolítica. Por ello, y dentro del concepto amplio de «preservación del medio ambiente, el desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático» —que está desarrollado en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2021 (ESN21)—, la protección de las aguas subterráneas y su uso sostenible debe considerarse un elemento estratégico relevante.

En este marco estratégico, y de acuerdo con las líneas de acción que lidera el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, debemos considerar que garantizar la conservación y el empleo procedente de las aguas subterráneas, integrar su conservación, así como su uso racional en las políticas hidrológicas, son objetivos prioritarios. Buena muestra de ello es el esfuerzo importante que se está realizando en zonas próximas a Doñana, al Mar Menor o las Tablas de Daimiel, entre otros muchos, para alcanzar un sistema equilibrado de aprovechamiento que priorice la conservación: un desafío en el que la participación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) es trascendental.

Para la ESN21, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 es el instrumento de planificación básico para promover la acción coordinada y coherente en estas materias. Aunque está enfocado a la adaptación al cambio climático, marca líneas de acción que deberán ser prioritarias en su conservación. Así, la línea de acción 3.3 —bajo el epígrafe Gestión contingente de los riesgos por sequías integrada en la planificación hidrológica y gestión del agua— señala: «En este contexto (sequías), se promoverán medidas de ahorro y eficiencia en el uso del recurso, dirigidas a la reducción del consumo neto de los usos consuntivos del agua. La protección de las aguas subterráneas será prioritaria para su uso como recurso estratégico en estos episodios». Asimismo, la línea de acción 3.5 concreta actuaciones de mejora del estado de las masas de agua y de los ecosistemas acuáticos, con incidencia en las aguas subterráneas. Su objetivo es alcanzar y mantener el buen estado de las masas de agua y de sus ecosistemas asociados, de acuerdo con los objetivos de la Directiva Marco del Agua, para reducir así su vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático.