El pasado 21 de febrero el Comisario Europeo para la Unión de la Seguridad intervino ante los diputados y senadores que conforman las Comisiones Mixtas Congreso- Senado para la Unión Europa y de Seguridad Nacional, en una sesión conjunta a la que fue invitado para tratar asuntos relativos a su competencia. En su intervención hizo referencia a los principales desafíos para la seguridad en la Unión Europea y ensalzó el papel de España en diferentes ámbitos.
El Sr. Julian King inició su exposición poniendo en valor la respuesta general de las instituciones y los ciudadanos españoles ante la amenaza del terrorismo, haciendo mención específica a la actuación ejemplar ante los atroces atentados de Madrid, de 11 de marzo de 2004.
Además, destacó que en 2010 la Presidencia española de la Unión Europea impulsó la Estrategia de Seguridad Interior para la Unión en la que, al igual que hoy en día, el terrorismo, la delincuencia organizada, la ciberdelincuencia, las drogas, las armas y el tráfico de seres humanos, así como la delincuencia económica y la corrupción, cobraban especial importancia.
Estos desafíos están alineados con los recogidos en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013, en tanto documento marco con el que en la actualidad se orienta la acción del Estado español para actuar de forma adecuada ante ellos.
En cuanto a la forma de que apoyar a nivel comunitario a los Estados miembros de la Unión Europa ante aquellos desafíos, el Señor King señaló en su intervención como ámbitos de actuación:
- La reducción del espacio en el que los terroristas y los delincuentes operan, con una legislación que fije una serie de normas comunes en toda la Unión Europea.
En este punto se destacó el acuerdo reciente para el desarrollo de una Directiva relativa a luchar contra el terrorismo[1], en la que se criminalizarán todos los viajes con fines terroristas y también se centrará en las necesidades de las víctimas del terrorismo, garantizando que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para ofrecer apoyo inmediato a las necesidades de estas víctimas.
Otro acuerdo importante relacionado con este punto es la Directiva sobre armas de fuego con el objetivo de establecer controles adecuados para evitar acciones terroristas. Al respecto cabe destacar que España está proponiendo un marco jurídico importante y ambicioso en línea con las propuestas de la Comisión. Es considerada como un país pionero en la implementación del Plan de acción contra el tráfico ilícito y la utilización de armas de fuego y explosivos.
En otro punto de su exposición, y dada la importancia de la coordinación de actuaciones, el Comisario europeo se refirió expresamente al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y la de Delincuencia Organizada (CITCO), calificándolo como un modelo excelente de coordinación entre sistemas de investigación que pertenecen a diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado del que extraer lecciones positivas para otros países e incluso a nivel comunitario.
- Prevención y lucha contra la radicalización.
La prevención y la desradicalización son labores que se realizan principalmente a nivel local, pero la Unión Europea ayuda con financiación y con redes, así como exhortando al intercambio de mejores prácticas entre las Fuerzas de Seguridad y las asociaciones locales.
En este contexto, se elogió la participación de nuestro país en numerosas iniciativas desarrolladas en este campo. España ya es parte de una nueva iniciativa llamada Red de coordinadores de prevención nacional para reforzar el intercambio de conocimiento y experiencia sobre prevención entre los Estados miembros. El programa recientemente adoptado sobre radicalización en las prisiones también ha sido destacado como modelo referencial.
- Refuerzo de la resiliencia para proteger las infraestructuras críticas, así como la resiliencia de la sociedad en general.
En febrero, la Comisión Europea organizó la primera reunión sobre protección de “objetivos blandos” con los Estados miembros, con el fin de crear una red permanente para poder compartir mejores prácticas entre especialistas y acordar normas y procedimientos conjuntos. Una vez más, España ha sido un país pionero en este ámbito y su experiencia, desde luego, puede redundar en beneficio del resto de la Unión Europea.
Para la consecución de este objetivo es de importancia capital la aplicación de la legislación comunitaria, y ello bajo la premisa de que la cooperación en seguridad solo será efectiva si se garantiza la trasposición de las normas acordadas. En este punto se destaca el papel de los parlamentos nacionales a la hora de trasponer esta legislación comunitaria a las legislaciones nacionales.
Respecto de la delincuencia organizada, el Comisario destacó, entre otras cuestiones, la necesidad de garantizar la plena aplicación de las normas acordadas sobre el blanqueo de dinero, la aplicación de la directiva sobre congelación y confiscación de los beneficios obtenidos de las actividades delictivas, así como la aplicación de la decisión marco para luchar contra la delincuencia organizada.
En diciembre de 2016 la Comisión Europea (CE) adoptó un paquete de medidas para armonizar la criminalización del blanqueo de capitales, mejorar el control de capitales en las fronteras externas de la Unión Europea y reforzar el reconocimiento mutuo de órdenes de confiscación en toda la Unión Europea.
El objetivo en este campo es reforzar nuestros medios legales para obstaculizar y poner fin a las fuentes de financiación de los criminales. El intercambio de información entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de los Estados miembros y de estos con Europol redundará, asimismo en una mejor actuación.
En este capítulo, además de lo ya apuntado anteriormente, se señaló que España desempeña un papel muy importante, en lo que respecta a la lucha contra el tráfico de drogas. Asimismo, su papel de interlocutor con Latinoamérica y Caribe o de influencia en áreas geográficas próximas, refuerza su protagonismo ante este desafío.
Finalmente, se refirió a la ciberdelincuencia. En este punto reiteró la necesidad de mejorar la resiliencia, contando con una línea sólida de defensa contra los ciberataques. Las amenazas en este ámbito son reales y pueden tener consecuencias terribles.
La coordinación es esencial tanto en el nivel nacional como en el nivel comunitario. El comisario señaló la importancia de apoyar al Centro de Ciberdelincuencia de Europol, para que pueda convertirse en un centro importante a la hora de coordinar nuestra lucha en esta materia. La Directiva de red y sistemas de seguridad[2] determina el marco para la cooperación de la Unión Europea en este campo.
En lo relativo a las dificultades para la identificación de la autoría de estas acciones, las pruebas que se necesitan son a menudo intangibles y puede haber problemas de jurisdicción para las autoridades judiciales y de seguridad. La CE recibió un claro mandato político en junio de 2016 para proponer nuevas soluciones al acceso transfronterizo de las pruebas electrónicas. Ya se ha acordado una herramienta importante que va a permitir la cooperación transfronteriza en las investigaciones penales, como es la Directiva relativa a la orden europea de investigación en materia penal [3].
Enlaces de interés:
[1] La propuesta se presentó en el contexto de la Estrategia renovada de Seguridad Interior de la UE y en respuesta a la petición del Consejo de que se acelerase la actuación a raíz de los atentados perpetrados en París el 13 de noviembre de 2015. Tiene en cuenta las necesidades derivadas de varios textos internacionales: La Resolución 2178 (2014) del CSNU y el Protocolo adicional del Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo, cuyo objetivo es combatir el fenómeno de los combatientes terroristas extranjeros; Las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre la financiación del terrorismo.
[2] Directiva 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión.
[3] Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, relativa a la orden europea de investigación en materia penal.
