Mali, la marcha del proceso de transición
17 de agosto 2021
Tras el golpe de Estado del 18 de agosto de 2020, Mali ha iniciado un periodo de transición de 18 meses, que culminará con distintos plebiscitos: este 2021, referéndum constitucional en octubre, y elecciones municipales, regionales y provinciales en diciembre; y, en febrero de 2022, elecciones legislativas y presidenciales en febrero. Este periodo transitorio está determinando, además de por las controversias políticas y la debilidad institucional, por el aumento de la violencia —tanto yihadista como intercomunitaria— y la inseguridad, así como las previsiones de finalización de la operación Barkhane, que provocará la reestructuración de la presencia internacional en el país y, por extensión, en toda la región del Sahel Occidental.
Situación política
En el último año, se han creado y puesto en marcha las instituciones transitorias, y se han conseguido ciertos avances en la aplicación de la hoja de ruta de la transición política. Sin embargo, las instituciones y el Gobierno continúan siendo débiles. En mayo, cuando se alcanzó el ecuador del proceso transitorio, se produjo una nueva asonada militar con la detención y posterior dimisión forzosa del presidente del Gobierno y del primer ministro —ambos continúan bajo arresto domiciliario—, acusados de intentar crear un gobierno más inclusivo. A pesar de la enorme consternación internacional que provocó este suceso, no se paralizó el proceso en marcha. Más tarde, en junio, el presidente transitorio de la República, Assimi Goita, sufrió un intento de asesinato, que no revistió indicios de terrorismo yihadista y cuyo principal sospechoso ha muerto cuando se encontraba bajo custodia.
En cuanto a la aplicación del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación de 2015, sigue avanzando con excesiva lentitud y, además, ha estado condicionado por el asesinato, en abril, de Sidi Brahim Uld Sidati, presidente de la Coordinadora de Movimientos de Azawad, que aúna a tres movimientos separatistas de etnia tuareg y árabe que lideraron la revuelta armada de 2012 en la zona norteña del Azawad.
Situación de Seguridad
En general, la situación de seguridad en el Sahel Occidental continúa su deterioro, al tiempo que la amenaza se extiende territorialmente. En la actualidad, es extremadamente preocupante la creciente presencia de grupos armados terroristas de carácter yihadista en las zonas limítrofes entre Mali y Mauritania y entre Níger y Chad, y también en la triple frontera entre Burkina Faso, Malí y el Níger. Concretamente en Mali, y desde el mes de abril, cada mes se registran nuevos niveles máximos de violencia yihadista.
La situación de seguridad es especialmente grave en el norte (región de Gao) y en el centro del país, donde las fuerzas armadas y de seguridad son el principal objetivo de todos los grupos armados, que emplean distintos medios para perturbar sus cometidos de protección de la población y lucha contra la violencia yihadistas y comunitaria. En este contexto, tanto el Jama‘a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), afín a Al Qaeda, como el Estado Islámico en el Gran Sahara (EIGS), filial de Daesh, mantienen su atroz campaña de atentados contra la población local y las fuerzas locales e internacionales.
Misiones internacionales
Desde junio, la colaboración internacional en Mali ha comenzado a anunciar cambios que, una vez sean efectivos, tendrán mucha relevancia en el escenario regional. Por entonces, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el inicio de la reducción de Barkhane —la operación militar que, con 5.000 efectivos, combate a los grupos extremistas y yihadistas en el territorio saheliano desde 2013—, que supondría «una profunda transformación de nuestra presencia militar en el Sahel». Aunque todavía Francia no ha definido la «fuerza internacional» que podría sustituir a su operación Barkhane, su comandante señaló que «las Fuerzas Armadas de los países sahelianos son capaces de oponerse y dar golpes a las fuerzas terroristas, y que la operación sucesora de 'Barkhane' va a seguir acompañando a los ejércitos sahelianos desde esta perspectiva». Por otro lado, también en julio, Francia reanudó las operaciones militares conjuntas con el Ejército maliense —suspendidas tras la destitución del gobierno en junio—, después de celebrar consultas con las autoridades de transición de Malí y los países de la región, y tomar nota de los compromisos llevados a cabo por las autoridades malienses de la transición.
Por otro lado, tanto la Fuerza G5 Sahel —formada por militares de Mali, Mauritania, Níger, Burkina Faso y Chad, que luchan contra el yihadismo en la región— como las misiones de asesoramiento y adiestramiento de la Unión Europea en el país (EUTM Mali y EUCAP Mali) continúan con sus cometidos. Mientras, la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Mali (MINUSMA) —desde 2013, despliega con el principal cometido de proteger a la población civil— sigue sufriendo los ataques de los grupos yihadistas, que ya se han cobrado la vida de casi 200 cascos azules en estos años.
El convulso futuro de Mali
Según Naciones Unidas, la violencia se está expandiendo con demasiada celeridad por todo el país, con el consecuente deterioro de la seguridad y la estabilidad, hasta el punto que la débil protección estatal de los civiles amenaza la existencia del país. Una situación que «debe cambiar de forma inmediata» y, para ello, es necesario «una oleada nacional y una voluntad inquebrantable por parte de las autoridades malienses, con el apoyo activo de sus socios, para restaurar la autoridad del Estado y garantizar la protección de la población».
Sin embargo, y a pesar del reclamo de la ONU, el escenario político se mantiene sin grandes cambios respecto a la seguridad y la gobernanza más allá de Bamako. En cuanto al futuro inmediato, y según varias organizaciones de la sociedad civil, no es muy previsible que se puedan celebrar las primeras elecciones programadas en la hoja de ruta de la transición, ya que denuncian que el plan del gobierno no es realista y tampoco existe consenso sobre el marco electoral.
