Afganistán: Alerta Humanitaria
30 de abril 2022
Situación económica y alimentaria
Desde la retirada de EEUU y la ascensión de los talibanes en agosto de 2021, la situación económica y social en Afganistán se ha deteriorado progresivamente hasta alcanzar niveles máximos de alerta humanitaria, con una alta tasa de desnutrición e inseguridad alimentaria en todo el país, además del deterioro de la situación de seguridad desde la retirada de EEUU. En cuanto a la población, y de acuerdo con Naciones Unidas, más de la mitad (22,8 millones) no tiene acceso a una alimentación suficiente y se estima que el 97% del país caerá en la pobreza a lo largo de 2022. La causa profunda de esta crisis se encuentra en la diezmada economía afgana, muy mermada por décadas de conflicto, sequías recurrentes, un comercio exterior limitado y altamente dependiente de una ayuda exterior que, antes de la retirada de los EEUU, constituía el 45% de su PIB. Tras la toma del país por los talibanes, la ayuda exterior se desplomó y ha provocado una crisis económica sin precedentes con un impacto severo en el ámbito alimentario, sanitario y social, todo ello en un contexto donde la creciente violencia de carácter yihadista erosiona la ya frágil paz y convivencia social.
Entre las principales razones de este colapso económico, destaca la cancelación de la financiación internacional —de la que dependían casi todas las funciones estatales— tras la instauración del régimen talibán. Esta situación impide el funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura esencial para la supervivencia de la población. Por otro lado, la congelación de los fondos internacionales del Banco Central, la reducción de las entradas de divisas y la pérdida de la confianza de los inversores no ha hecho más que agravar el escenario macroeconómico de Afganistán, Y como principal consecuencia, se han interrumpido los servicios básicos y mucho capital humano ha huido del país, a lo que se unen los desplazamientos masivos de población por temor a la persecución o el conflicto. Por último, la devaluación de la moneda, el desempleo masivo y el aumento desorbitado de los alimentos básicos —como la harina y el arroz, con una inflación total estimada del 49.1%—, unido a una grave sequía, han llevado al país a una crisis alimentaria y social sin precedentes.
Asimismo, el colapso de los servicios esenciales —en especial los servicios sanitarios— ha creado una emergencia médica marcada por la desnutrición infantil. Según el último Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la situación es tan grave que la población afgana se ha visto forzada a recurrir a métodos dañinos para su propia supervivencia, como acumular deudas económica insostenibles o recurrir al trabajo y al matrimonio infantil. Ha llegado incluso a la venta de niños —una práctica que afecta de manera desproporcionada a las niñas, como denuncia Unicef — o a traficar con sus propios órganos. Un nivel de desesperación social que ha transformado la crisis en una auténtica tragedia humana. Ante esta alarmante situación humanitaria, el grupo de expertos en derechos humanos de la ONU ha solicitado —a través de un comunicado al gobierno de los EEUU— la liberación de los activos extranjeros del banco de Afganistán, con la única pretensión de paliar las graves necesidades de la población.
Protección de los derechos fundamentales
Esta realidad evidencia que la llegada del régimen talibán ha traído consigo el retroceso de los avances logrados en materia de derechos humanos desde 2001. El nuevo gabinete —que excluye mujeres y ministros fuera de las filas talibanas— ha prohibido la educación secundaria y superior a las mujeres, así como su incorporación a la mayoría de organismos gubernamentales o acceder a puestos de trabajo dentro y fuera de la de la Administración. Asimismo, se ha limitado la libertad de prensa, expresión y asociación pacífica.
Por otro lado, el liderazgo talibán ha incumplido su compromiso de conceder una amnistía general a los funcionarios del anterior régimen y a los miembros de las Fuerzas Nacionales de Seguridad y Defensa Afganas (ANSDF). Así lo confirman la Misión de Asistencia en Afganistán (UNAMA) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que han recibido denuncias creíbles sobre el asesinato de más de 130 ex miembros de las ANSDF y de personal del Gobierno o sus familiares. De todas estas muertes, alrededor de 100 fueron ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las autoridades de facto o sus afiliados.
Reconocimiento del régimen talibán
Desde su llegada al poder, el gobierno de facto busca activamente el reconocimiento internacional del Emirato Islámico. Aunque ningún gobierno del mundo ha reconocido oficialmente al régimen talibán, hay movimientos de acercamiento desde ciertos países que hacen pensar que las cosas podrían cambiar a medio plazo. Este es el caso de Rusia, que acreditó al encargado de negocios talibán en Moscú —aún sin reconocimiento formal de su gobierno—, y de países como China o Pakistán que, junto a sus vecinos regionales de Asia Central— abogan por la no exclusión internacional del nuevo régimen afgano. En este contexto, Turquía reivindicó públicamente la necesidad de ofrecer reconocimiento diplomático a los talibanes para abordar adecuadamente los problemas que enfrenta el país.
Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU extendió la UNAMA, a la que requirió conseguir el compromiso de «todos los actores políticos afganos», incluidos los talibanes, en asuntos esenciales para la población del país. En este sentido, Deborah Lyons, jefa de UNAMA, hizo un llamamiento a los países interesados para que profundizasen en su relación con las nuevas autoridades del país, con el propósito de consensuar medidas para evitar que el colapso económico se convierta en irreversible.
No obstante, los países occidentales mantienen aún su reticencia a ofrecer un reconocimiento formal en el corto plazo. Entre las principales razones para este férreo posicionamiento, cabe destacar el historial hostil del primer Emirato Islámico, que ofreció refugio al terrorismo de Al-Qaeda; la negativa del régimen talibán a formar un gobierno inclusivo; y, por último, la falta de respeto por los derechos humanos, en especial de las mujeres. En gran medida, todos estos motivos transgreden las condiciones exigidas por Occidente para el reconocimiento del gobierno talibán y el establecimiento de relaciones diplomáticas.
Perspectiva de futuro
Ante la gravedad de la crisis humanitaria y social que sufre la población afgana, la comunidad internacional sigue debatiendo la conveniencia de renovar los flujos financieros y desbloquear los fondos, al tiempo que rechaza aumentar su compromiso diplomático con el régimen. Sin embargo, y para atender a las recomendaciones de las Naciones Unidas, será necesario establecer unas mínimas relaciones con los talibanes para aliviar el ingente sufrimiento de la población.
Por último, y en el marco del apoyo internacional a la población afgana, España se comprometió a aportar 16,5 millones de euros a través de la Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) durante la última Conferencia de Donantes para Afganistán, celebrada el pasado 31 de marzo. Esta cantidad se suma a los 20 millones de ayuda humanitaria donados por España en 2021 para apoyar el trabajo de UNICEF, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR); y todo ello en el marco del compromiso y la solidaridad de España con el pueblo afgano.
