VIII Informe sobre Cibercriminalidad
01 de octubre 2021
El 29 de septiembre, el Ministerio del Interior publicó su VIII Informe sobre Cibercriminalidad, que analiza en profundidad la delincuencia informática registrada en el año 2020.
Este documento anual recoge la información estadística que computa la ciberdelincuencia conocida y registrada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que compila los datos de todos los cuerpos policiales del territorio nacional —Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra, Ertzaintza, Mossos d’ Esquadra y distintos Cuerpos de Policía Local—, tanto de los hechos conocidos como de las detenciones y personas investigadas. Estos datos proceden del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), así como de los incidentes que registra la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad.
En un primer apartado, y a modo introductorio, el VIII Informe recopila una serie de informaciones publicadas por otros organismos nacionales (Instituto Nacional de Estadística/INE) e internacionales (EUROSTAT y Comisión Europea). Por su parte, el segundo y tercer bloque recogen y analizan los datos procedentes de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, así como los extraídos del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC), registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Principales resultados estadísticos
- Las fuerzas y cuerpos de seguridad registraron en 2020, 287.963 hechos presuntamente delictivos relacionados con las tecnologías de la información y las comunicaciones, lo que supone un incremento del 31,9 por ciento con respecto a 2019.
- Desde 2016, los datos muestran un claro crecimiento. Así, en 2016, los más de 92.000 hechos detectados eran el 4,6 por ciento del total de los delitos, mientras que en 2020 —con 288.000 denunciados— representaron el 16,3% del total.
- Los fraudes informáticos (estafas) representan el 89,6% del total de ciberdelitos, con un total de 257.907 casos. A distancia se encuentran las amenazas y coacciones cometidas a través de Internet, que alcanzaron los 14.066 casos (4,9% del total).
- En cuanto al perfil del ciberdelincuente, el 73,3% del total de detenciones e investigaciones efectuadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad corresponde a personas de sexo masculino, de entre 26 y 40 años y de nacionalidad española, que presuntamente están implicados en la comisión de fraudes informáticos, amenazas y coacciones y delitos sexuales.
- Respecto a infraestructuras críticas, en 2020 se reportaron 861 incidentes de ciberseguridad (un 5,2% más respecto al año anterior), según la información registrada por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) y por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE).
- Por ámbitos, el mayor número de incidentes afectó a los sectores tributario y financiero (52,5%), seguido del transporte (24,08%) y de la energía (14,05%).
En este Informe, hay que tener en consideración que los datos de series históricas se ven afectados por varios cambios legislativos producidos durante los últimos años. Entre otros, la reforma en 2015 de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal; y también la ratificación por España del Protocolo Adicional al Convenio sobre la Ciberdelincuencia relativo a la penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos (enero de 2003), que entró en vigor 1 de abril de 2015.
Por otro lado, el informe también recoge avances a nivel europeo y nacional, como la creación del Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación, que canalizará la financiación de los programas europeos, o la constitución del Foro Nacional de Ciberseguridad; así como mejoras legislativas como la Ley 6/2020 reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza y el Real Decreto 43/2021, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de seguridad de las redes y sistemas de información, que finaliza la transposición de la Directiva NIS.
Además, cabe destacar la aprobación, por parte del Ministerio del Interior, del Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad, cuyo objetivo es potenciar las capacidades para detectar, prevenir y perseguir esta modalidad delictiva, y generar así un nuevo impulso operativo que garantice la protección de los derechos y libertades y la seguridad ciudadana.
Este Plan se encuentra alineado con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, que destaca —como el segundo de sus objetivos generales— la necesidad de proporcionar y garantizar el uso seguro y fiable del ciberespacio frente a su uso ilícito o malicioso, pues considera la cibercriminalidad como un problema de seguridad ciudadana de primer orden al tratarse de una de las amenazas más extendida y profusa en la actualidad.
Para hacer frente a esta amenaza, la Estrategia 2019 establece una serie de medidas específicas recogidas en su Línea de Acción 3: «Reforzar las capacidades de investigación y persecución de la cibercriminalidad, para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de los derechos y libertades en el ciberespacio».
Fuente: Ministerio del Interior
