14 de agosto 2019
El Informe Anual de Seguridad Nacional 2018 recoge en las tendencias del ámbito de la Lucha Contra el Crimen Organizado que la principal amenaza del crimen organizado está relacionada con el tráfico de drogas. Y en las realizaciones del citado informe, se menciona el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar que el Ministerio del Interior puso en marcha hace un año para mejorar la seguridad ciudadana en la zona. El plan surge para paliar, por un lado, el importante deterioro de las condiciones objetivas de seguridad debido al impacto del narcotráfico, y por otro, las conductas violentas ligadas a la actividad de los grupos de delincuencia organizada, algunas de ellas dirigidas contra miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE).
Esta situación, mantenida durante años, como venían denunciando no solo las FCSE, sino también diferentes colectivos, plataformas vecinales y alcaldes de los municipios del Campo de Gibraltar, había provocado la pérdida del principio de autoridad y la consecuente sensación de impunidad por parte de los narcotraficantes.
El Plan Especial de Seguridad, conjunto para Policía Nacional y Guardia Civil, entró en vigor en julio de 2018, bajo la coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad.
El coste de las medidas de impacto previstas en el Plan hasta el 31 de diciembre de 2018 fue de 7,03 millones de euros. De ellos, 5,51 millones se dedicaron a recursos humanos, y 1,52 millones a medios materiales y apoyo a las tareas de investigación e inteligencia. Dentro de este presupuesto, se destinó con carácter de urgencia una partida de un millón de euros a la adquisición inmediata de vehículos y otros medios materiales que mejoraron la eficacia policial.
Objetivos y medidas del plan
El objetivo es reforzar las capacidades operativas y de inteligencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil, y ampliar su capacidad de cooperación con la Justicia para neutralizar el impacto negativo de la delincuencia en la vida social y económica del Campo de Gibraltar. Destacan entre las medidas a adoptar:
- Incrementar la plantilla de los grupos especiales contra el crimen organizado (GRECO en Policía Nacional y ECO en Guardia Civil), y reforzar las plantillas de las Unidades Centrales de lucha contra el crimen organizado y blanqueo de capitales. El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) ha puesto en marcha un grupo específico dedicado a labores de inteligencia sobre actividades delictivas relacionadas con grupos que operan en el territorio.
- Aumentar los medios aéreos y marítimos de Policía Nacional y Guardia Civil, y potenciar los canales para compartir información en tiempo real a través del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) con el fin de desarrollar actuaciones operativas.
- La constitución de una mesa de coordinación operativa para asegurar la cooperación entre las unidades de Guardia Civil, Policía Nacional y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA).
- Promover la comunicación y la cooperación con el tejido asociativo, económico y demás sectores de la sociedad civil.
Balance de actuaciones desde agosto de 2018
El ministerio del Interior, a principios de este mes de agosto, presentó los resultados del primer año de aplicación del Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar y las principales medidas y efectos del Plan, con un presupuesto inicial extraordinario -ya desglosado, de 7,03 millones de euros hasta diciembre, -a los que hay que sumar otros 17 millones de euros para 2019.
Entre el 1 de agosto de 2018 y el 30 de junio de 2019, los resultados desglosados son:
- Incremento de un 77,8% del número de operaciones contra el tráfico de drogas y las operaciones contra el blanqueo de capitales e investigación patrimonial, un 86,9%.
- 4.852 detenciones, entre ellos importantes cabecillas de organizaciones dedicadas al narcotráfico.
- Se han aprehendido 143,1 toneladas de hachís; 5,4 de cocaína; 500 kilogramos de heroína y 108 de marihuana, así como 758.999 cajetillas de tabaco de contrabando.
- Las FCSE también se han incautado de 750 vehículos utilizados para transportar mercancías ilegales, de las cuales 133 son embarcaciones, fundamentalmente lanchas semirrígidas dedicadas al narcotráfico.
Dentro de las medidas adoptadas, destacan:
- El refuerzo en 346 agentes de Policía Nacional (148) y Guardia Civil (198) que se han incorporado a todos los municipios de la comarca.
- Se han adquirido 112 vehículos, 427 elementos de protección para los agentes de ambos Cuerpos, 293 dispositivos de vigilancia y control y una cámara especializada para helicópteros.
- Otro de los logros ha sido la consolidación de una mayor actividad en el ámbito de la prevención y de la colaboración con sectores de la sociedad civil y entidades afectadas por el narcotráfico. Destacan los más de 40 encuentros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con entidades y asociaciones vecinales en los que se han abordado sus inquietudes en materia de seguridad. Igualmente, las 71 actividades preventivas dirigidas por los Delegados de Participación Ciudadana de las FCSE, en centros educativos.
- Asimismo, es importante resaltar la coordinación con otros organismos e instituciones. En este sentido, se han constituido diversos órganos de coordinación de los que forman parte Policía Nacional, Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y responsables de Cuerpos de Policía Local, además de una Mesa Técnica Comarcal y una Mesa Técnica de La Línea de la Concepción. También se han celebrado numerosas reuniones de coordinación con las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal, así como con el tejido asociativo de la comarca.
- La adopción de medidas estructurales y funcionales ha permitido potenciar las investigaciones patrimoniales contra las organizaciones del narcotráfico y la lucha contra el blanqueo de capitales, con el resultado de un aumento del 86,9 por ciento en la cantidad de operaciones de Policía Nacional y Guardia Civil contra el blanqueo de capitales y de investigaciones patrimoniales, pasando de 84 entre el 1 de agosto de 2017 al 30 de junio de 2018, a 157 entre el 1 de agosto de 2018 al 30 de junio de 2019.
El Sepblac, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, dentro de su función supervisora y de garantía del cumplimiento de la normativa de prevención del blanqueo de capitales, en diciembre del 2018 publicó un comunicado donde recordaba a los sujetos obligados por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo , operantes en el Campo de Gibraltar y zonas limítrofes, la necesidad de aplicar con el máximo rigor las obligaciones legales de diligencia debida e información, debiendo, en particular, comunicar sin dilación al Sepblac cualquier hecho u operación, incluso la mera tentativa, que presente indicios de blanqueo de capitales.
- Como parte del Plan, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), dependiente del Ministerio del Interior, ha creado un grupo específico dedicado a labores de inteligencia sobre actividades delictivas relacionadas con grupos que operan en las localidades del Campo de Gibraltar: Algeciras, Los Barrios, La Línea de la Concepción, San Roque, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera y el puerto de Tarifa.
Acciones futuras
La Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado y la Delincuencia Grave, aprobada en el Consejo de Seguridad Nacional celebrado en Febrero y publicada en la Orden PCI/161/2019 de 21 de febrero de este año recoge en su tercer eje: «Lucha contra los mercados criminales y las graves formas delictivas». Se basa en implementar medidas para minimizar el riesgo asociado a todas las actividades criminales, orientando el mayor esfuerzo hacia aquéllas con especial incidencia en el panorama criminal de España, como son: el tráfico de estupefacientes…)
Siguiendo esta línea marcada por la ENCODG, está previsto que el Plan se desarrolle en una segunda fase, ampliando su radio de acción a otras provincias andaluzas y zonas limítrofes. Además, en el último trimestre del año, entrarán en funcionamiento los cuatro juzgados aprobados por el Consejo de Ministros de 21 de diciembre.
