La COP es el órgano que toma las decisiones supremas de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
La vigésimo segunda edición de la Conferencia de las Partes (COP22), que tendrá lugar en Marrakech (Marruecos) del 7 al 18 de noviembre de 2016 marcará un punto de inflexión entre la entrada en vigor del acuerdo de Paris y su implantación práctica.
El Acuerdo de París contra el Cambio Climático, adoptado en el mes de diciembre del año pasado ha entrado en vigor el 4 de noviembre de 2016. El acuerdo se activa 30 días después de que al menos 55 países que suman el 55% de las emisiones globales de CO2 ratificaran su compromiso de lucha para limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2ºC en este siglo. Es de destacar la firma por parte de países tales como Brasil, India, China o los Estados Unidos.
El texto final del acuerdo de París tiene como objetivo principal reforzar la respuesta global ante la amenaza que supone el cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos para erradicar la pobreza.
La materialización del acuerdo de Paris pasa por acciones tales como promover el acceso a fuentes de energías limpias y moderna, la necesidad de desarrollar ciudades económicamente dinámicas, resilientes e inclusivas, y el fortalecimiento de la resiliencia y la productividad de la agricultura.
En España, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático es el marco de referencia para la coordinación entre las Administraciones Públicas en las actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. En diciembre de 2013 se aprobó el Tercer Programa de Trabajo, que persigue abordar de forma integral la adaptación al cambio climático.
Seguridad Nacional y Cambio Climático
La Estrategia de Seguridad Nacional 2013 ya contempla el cambio climático como uno de los potenciadores a los riesgos y amenazas a nuestra seguridad[1] (factores que pueden generar nuevos riesgos o amenazas, o multiplicar y agravar los existentes), como por ejemplo la vulnerabilidad energética.
Dos tercios de los gases de efecto invernadero proceden del sector de la energía.
Por su parte, según la Estrategia de Seguridad Energética Nacional, aprobada en julio de 2015, la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia energética conforman dos de los cuatro vectores sobre los que se define el concepto de seguridad energética nacional, junto al abastecimiento y al suministro energético.
La Estrategia de Seguridad Energética Nacional alinea la política en materia energética nacional a la Unión Europea, en concreto hacia los paquetes de energía y cambio climático 2020, 2030 y la hoja de ruta 2050:
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2020 |
2030 |
2050 |
| Reducción de gases de efecto invernadero |
20% |
40% |
80% |
| Consumo de energías renovables |
20% |
27% |
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| Eficiencia energética |
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27% |
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(Porcentajes de reducción con respecto al año 1990)
El cumplimiento de estas obligaciones asumidas internacionalmente contribuirá a la consecución de varios de los objetivos establecidos en la Estrategia de Seguridad Energética Nacional de forma directa (sostenibilidad económica y medioambiental) e indirecta (entorno europeo, diversificación del mix, seguridad de abastecimiento, potenciación de fuentes autóctonas).
- Según la Estrategia, el cambio climático es el gran desafío ambiental y socioeconómico del siglo XXI. Plantea retos de gran transcendencia para la seguridad, como la escasez de agua potable, importantes cambios en las condiciones de producción de alimentos, el incremento de la competencia por los recursos energéticos y el aumento de determinadas catástrofes naturales -inundaciones, tormentas, sequías, incendios forestales u olas de calor-.
Estos cambios ambientales también pueden exacerbar las presiones migratorias y, en consecuencia, agudizar las tensiones en las zonas de tránsito y de destino e, incluso, la fragilidad de algunos Estados.
